La formación en España: “cuando el dato mata al relato”

Independientemente del relato que se quiera trasladar, los datos lo confirman. Por un lado, existe una baja participación en formación, tanto entre trabajadores ocupados como, llamativamente, entre los desempleados. Únicamente, el 30% [1] de la población (25‑64 años) participó en formación en 2024 y el 5% [2] de los desempleados se formó, siendo un colectivo que precisamente requeriría de una mayor recualificación para su inserción laboral. A ello se suma que solo el 20,5% [3] de las empresas utiliza su crédito formativo (gestionado por FUNDAE) evidenciando un sistema totalmente infrautilizado. Además, todavía hay más de 11 millones de trabajadores [4] que carecen de cualificación acreditada, es decir, sin titulación alguna, lo que, además de ser un drama, agrava el desajuste entre oferta y demanda laboral.

Este déficit formativo se refleja también en los mediocres resultados que obtiene nuestro país en la “Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (PIAAC)”[5], donde España queda por debajo de la media de la OCDE en competencia lectora (13 puntos por debajo), en competencia matemática (14 puntos) y en la competencia de resolución adaptativa de problemas (10 puntos), mostrando carencias profundas en competencias básicas.

Con parecidos resultados, en el “Informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA)” en el que se evalúa el rendimiento de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias, se concluye que nuestro país se encuentra en una posición intermedia, ya que, aunque no está entre los países con peor rendimiento, no logra destacar en ninguna de las competencias evaluadas.

A estos problemas se añaden otros factores que tensionan nuestro sistema formativo como son el de un elevado número de vacantes sin cubrir y un sistema de orientación profesional insuficiente que contribuye al citado desajuste entre perfiles y necesidades reales del mercado.

Pues bien, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las políticas públicas en las que los malos resultados suelen ser atribuidos a la falta de presupuestos, en el caso de la política de formación, todo lo anteriormente descrito ocurre mientras se acumulan remanentes económicos millonarios no ejecutados procedentes de la cuota de Formación Profesional.

Tal y como pudimos conocer el pasado 19 de febrero en la presentación en CEOE del Informe “La Situación de la Formación Profesional en España 2024-2025” elaborado por la Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo (CIFE)”, de la mano de sus coautores, Valeriano Gómez (presidente de la Fundación) y Juan Menéndez-Valdés (consultor y profesor de IE University), el presupuesto de fondos no ejecutados para Formación Profesional de ocupados y desempleados durante el periodo 2004-2024 asciendió a casi 20.000 millones de euros [6], es decir, unos 1.000 millones por año, lo que pone de manifiesto una importante “deuda histórica” con los trabajadores y empresarios de nuestro país que son quienes abonan dicha cuota que financia el sistema de formación y que recauda aproximadamente unos 3.000 millones de euros al año.

Cabe recordar que, en la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional [7]; en informes del Tribunal de Cuentas [8] o en pronunciamientos de la Defensora del Pueblo [9], se consolida el “carácter finalista” que tienen estos fondos procedentes de esta cuota, lo que significa que su destino debe ser exclusivamente y en su totalidad el de financiar las diferentes iniciativas de formación.

En definitiva, resulta difícilmente comprensible y profundamente incongruente que, mientras España arrastra déficits estructurales de cualificación, se acumulen remanentes cercanos a los 20.000 millones de euros procedentes de la cuota que empresas y trabajadores abonan precisamente para mejorar su capacitación. Esta paradoja no solo evidencia una grave ineficiencia en la gestión de nuestro sistema de formación, sino que cuestiona su propia coherencia y finalidad.

Por ello, es legítimo preguntarse con preocupación que, si los fondos tienen carácter finalista y deben destinarse íntegramente a la formación, a qué se están dedicando realmente estos recursos que no están cumpliendo su función esencial como es la de invertir en el presente y el futuro profesional de los trabajadores de nuestro país.

Como bien decía mi padre: “Lo que no son cuentas, son cuentos”.

[1] Fuente: Eurostat LFS 2022-2024

[2] Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, “Informe Anual 2024”. Se formaron 133.476 desempleados de un total de 2.595.400 desempleados (datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)

[3] Fuente: Avance de Resultados FUNDAE 2024

[4] Fuente: EPA del INE (2T 2025). Del total de la población activa de 24.821.800 personas, hay un total de 11.221.800 personas (45,2 %), sin cualificación profesional acreditada.

[5] Fuente: Informe PIACC 2023

[6] Fuente Informe “La Situación de la Formación Profesional en España 2024-2025”. Fundación CIFE. El total acumulado arroja una cifra conjunta de 19.618,9 millones de presupuesto no ejecutado en el conjunto de los programas que forman parte del sistema de formación profesional para el empleo.

[7] Sentencia 244/2012, 16/2013, 95/2013, etc.

[8] Informe de Fiscalización de 26 de enero de 2012.

[9] Decisión de la Defensora del Pueblo de 29 de mayo de 2017.