El turismo necesita reglas claras, no más impuestos

Precisamente por ello, el debate abierto estos días sobre una posible subida del IVA aplicable a las viviendas de uso turístico merece una reflexión más amplia que la estrictamente tributaria. La cuestión de fondo no es únicamente qué impuesto debe aplicarse a una determinada actividad. La verdadera pregunta es si la política fiscal puede convertirse en el instrumento para resolver un problema estructural como es el acceso a la vivienda.

Mi opinión es que no.

España lleva años acumulando un problema de oferta residencial que responde a múltiples factores: escasez de suelo disponible, lentitud administrativa, inseguridad jurídica, dificultades para desarrollar nueva vivienda, costes de construcción, falta de incentivos a la rehabilitación y una regulación cada vez más compleja.

Ninguno de esos problemas se resolverá incrementando un tipo impositivo.

La fiscalidad puede contribuir a ordenar determinados mercados, pero difícilmente sustituye a una política pública de vivienda. Cuando se utiliza como respuesta inmediata a problemas complejos, existe el riesgo de trasladar a las empresas la responsabilidad de resolver cuestiones cuya solución exige reformas mucho más profundas.

Además, conviene no perder de vista el contexto económico.

España ya soporta una presión fiscal empresarial superior a la media de la Unión Europea. Las empresas españolas aportan una proporción de ingresos públicos significativamente superior a la de la mayoría de nuestros competidores europeos. Esa realidad tiene consecuencias. Cada incremento de costes reduce capacidad de inversión, innovación, crecimiento y creación de empleo.

Y esa reflexión resulta especialmente relevante cuando hablamos del turismo.

El turismo no es únicamente una actividad económica; constituye una de las principales industrias exportadoras de nuestro país, genera millones de empleos y aporta estabilidad económica a miles de municipios, muchos de ellos rurales o de interior, donde precisamente el alojamiento turístico ha permitido mantener actividad económica, fijar población y sostener pequeños negocios que difícilmente existirían sin esa demanda.

Por supuesto, eso no significa que todas las modalidades de alojamiento deban quedar al margen de la regulación. Al contrario. La oferta ilegal debe perseguirse con toda contundencia. Quien desarrolla una actividad económica debe cumplir las mismas obligaciones administrativas, fiscales y de consumo que cualquier otro operador.

Pero precisamente por eso conviene distinguir.

No parece razonable diseñar medidas que terminen afectando de igual manera a quienes incumplen la normativa y a quienes llevan años invirtiendo, profesionalizando su actividad, generando empleo y tributando conforme a la legislación vigente.

Regular mejor no siempre significa gravar más.

De hecho, probablemente el mayor reto que afronta hoy nuestra economía sea precisamente el contrario: construir un entorno regulatorio más sencillo, más estable y más previsible. Las empresas necesitan seguridad jurídica para invertir. Necesitan reglas claras que permanezcan en el tiempo. Necesitan saber que los cambios regulatorios responderán a análisis rigurosos de impacto económico y no únicamente a la urgencia del debate político.

También conviene recordar que Europa ya ha iniciado este camino. La reforma del IVA en la economía digital (ViDA) establece un calendario para adaptar la tributación de las plataformas y mejorar la trazabilidad de determinadas operaciones. Antes de anticipar soluciones nacionales convendría asegurar que cualquier modificación resulte plenamente coherente con ese marco europeo y evite generar nuevas cargas administrativas o futuras rectificaciones.

En definitiva, el objetivo debe ser compartido: más vivienda, más transparencia y menos economía irregular. Pero también más competitividad, más inversión y más seguridad jurídica.

Porque la prosperidad no se construye enfrentando vivienda y empresa, ni presentando la actividad económica como parte del problema. Muy al contrario. Las empresas son una parte imprescindible de la solución. Son quienes invierten, generan empleo, pagan impuestos y contribuyen al desarrollo de nuestros territorios.

España necesita una política de vivienda ambiciosa. Pero necesita, al mismo tiempo, una política económica que refuerce la confianza, incentive la inversión y preserve la competitividad de nuestras empresas.

Resolver un problema estructural exige reformas estructurales. No basta con aumentar la presión fiscal sobre quienes ya cumplen. Esa puede ser la solución más inmediata, pero difícilmente será la más eficaz.