El mercado laboral: 45 años de transiciones
Impulsado por la Constitución de 1978 y su nuevo marco jurídico y político pensado para garantizar la transición democrática y el desarrollo económico y social del país, el mercado laboral español ha experimentado una importante transformación en los últimos 45 años.
La apertura de nuestras fronteras y la integración en el espacio europeo propulsó, también, el ensanchamiento de nuestra economía, la localización de empresas multinacionales con culturas corporativas innovadoras y la profesionalización e internacionalización de las empresas españolas, muchas de origen familiar, algunas de ellas convertidas hoy en referentes mundiales en su sector.
Este tránsito, que abarca desde la democracia a la globalización, se ha plasmado en el ámbito laboral en diversas reformas que han tenido como objetivo adaptarnos a las nuevas circunstancias económicas, sociales y tecnológicas consolidando un modelo que posibilita un amplio desarrollo del diálogo social y la negociación colectiva.
A través de acuerdos nacionales de muy distinta naturaleza, estructura y alcance, desde 1979, con la firma del Acuerdo Básico Interconfederal, el diálogo entre organizaciones empresariales y sindicales y, en ocasiones, también con los sucesivos gobiernos, han permitido en España introducir pautas de entendimiento que facilitaron la transición a la democracia, hicieron más eficaz nuestra integración, primero en el Comunidad Económica Europea y en la Unión Económica y Monetaria después, e impulsaron la creación de mecanismos de diálogo permanente sobre temas cruciales como los sistemas de protección social, la formación continua, la prevención de los riesgos o la de resolución de conflictos laborales.
En sus distintas etapas, el diálogo social ha contribuido en nuestro país a un desarrollo equilibrado de nuestro marco sociolaboral, al mantenimiento de unos niveles razonables de paz social, a una mejor aceptación, aplicación y pervivencia de las reformas introducidas, además de constituir, en sí mismo, un mensaje de confianza y un excelente ejemplo para la sociedad en la resolución de las discrepancias, mediante la negociación y el acuerdo; sirviendo de apoyo a nuestro desarrollo económico y social.
En momentos tremendamente adversos de la historia reciente de España, como los vividos en la pandemia, los interlocutores sociales y el Gobierno supimos alcanzar numerosos acuerdos, todos de gran envergadura: unos, coyunturales, como los que articularon los ERTEs, y otros estructurales, para acometer reformas sociales modernizadoras de nuestras relaciones laborales, como la Ley de trabajo a distancia, la Ley Rider, o la Ley de formación profesional, así como la Reforma Laboral de 2021, cuyos primeros resultados apuntan al acierto de las medidas acordadas por cuanto están contribuyendo a erradicar algunas patologías de nuestro mercado laboral como la alta temporalidad o la destrucción masiva de empleo en épocas de crisis, con gran impacto en el objetivo, por todos compartido, de alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres.
Pero los retos a los que nos enfrentamos son de enorme magnitud. Y aunque nuestro mercado laboral es hoy más igualitario, más diverso, más inclusivo, más dinámico, nos sitúan, como en 1978, ante la tesitura de acertar. Tenemos el deber y la necesidad de convertir el talento en un motor que impulse la sostenibilidad y la competitividad de nuestras empresas: las transiciones digital, ecológica y demográfica, y un contexto geopolítico y climático, que propician éxodos migratorios y brechas sociales de impacto global, no soportan la espera.
Las organizaciones empresariales y sindicales, en el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado el pasado mes de mayo, hemos elegido la negociación colectiva como método de gobernanza de nuestras relaciones laborales por entender que es la única herramienta capaz de mejorar las condiciones de empleo de las personas trabajadoras y, al mismo tiempo, dotar a las empresas de la mayor y mejor adaptación a entornos permanentemente cambiantes a ritmo vertiginoso. Corresponde a los Gobiernos y al legislador, impulsar políticas y normas que generen confianza y contribuyan a crear condiciones favorables para la inversión y la erradicación de la economía irregular, en definitiva, políticas que garanticen a futuro el crecimiento inclusivo e igualitario y la sostenibilidad social y económica de nuestro país.
* Artículo publicado en el especial Prensa Ibérica. 45 Aniversario
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