Los empresarios de Soria piden una fiscalidad diferente que atienda los problemas de despoblación
Con estas medidas Soria dejaría de ingresar a las arcas públicas 73,3 millones, aumentaría el PIB en 56 millones y se crearían 879 empleos
Una fiscalidad diferente que atienda los gravísimos problemas de despoblación de la provincia de Soria sólo supondría a las Administraciones dejar de ingresar 73,3 millones de euros, pero aumentaría el PIB provincial en 56 millones y crearía durante el primer año de la medida 879 empleos, que se mantendrían mientras lo hiciera la misma, explican los empresarios de la provincia.
“Sí, existen dificultades para aplicar una fiscalidad diferenciada, pero no hay nada que diga que no se puede hacer”, han manifestado en la presentación del informe ‘Una fiscalidad diferenciada para el progreso de los territorios despoblados en España’ durante su presentación a la sociedad soriana en el acto organizado por la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y los Grupos de Acción Local de la provincia (GAL).
“La despoblación es acuciante,” y hay que darle respuesta, consideró el ponente. En esta necesidad ha insistido el presidente de FOES, Santiago Aparicio, quien ha apelado a la “sensibilidad de las administraciones” a la hora de negociar con la UE para incorporar estas medidas en los fondos europeos para el periodo 2020-2027. Y ha insistido en que “hoy estamos aquí para demostrar con este informe que un tratamiento fiscal diferenciado es posible para revertir el grave problema de despoblación de nuestra provincia”
“Nos estamos gastando más en tonterías en este país”, ha defendido José Antonio Herce. El informe ha sido elaborado por la Red SSPA, el Lobby de las Áreas escasamente pobladas del Sur de Europa creado por FOES junto con las patronales de Cuenca y Teruel y al que se han sumado los Grupos de Acción Local de las tres provincias. Santiago Aparicio, presidente de FOES, y María Luisa Aguilera, en representación de los GAL de Soria y presidenta de Tierras Sorianas del Cid, han introducido la ponencia de Herce.
La Delegada de Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y el consejero de Empleo, Carlos Javier Fernández Carriedo encabezaron el grupo de cargos públicos que ha tenido acceso a la explicación de Herce, que ha estimado el coste de las medidas contenidas en el informe para las tres provincias en 335 millones de euros (aunque con un retorno fiscal de 80 millones, 17,7 millones en Soria), un incremento del PIB del territorio SSPA en 267 millones y la creación de 4.027 empleos en total.
Junto a las autoridades locales, regionales y nacionales, se han dado cita en el acto responsables empresariales y sindicales, secretarios y presidentes de partidos políticos y directivos de otras instituciones de la provincia.
Tras la exposición, los asistentes han tenido ocasión de profundizar con sus preguntas y reflexiones en el contenido del informe de la mano de los redactores del proyecto: Blanca García, década de la Facultad de CC Empresariales y del Trabajo del campus universitario Duques de Soria, Sonia Esteban y Pablo de Frutos, profesores del campus soriano, y José Miguel García, abogado doctor en Derecho.
Algunos de los aspectos debatidos y trasladados a las autoridades presentes han sido la progresividad de la reducción fiscal en el IRPF, la importancia de la economía colaborativa y las críticas al impuesto sobre Sucesiones.
Además, han sido objeto de interés la posibilidad de incorporar una casilla a favor de la España rural en el IRPF o los problemas que pueden generar grandes beneficios en el impuesto de Sociedades que pudieran beneficiar a Soria pero avivar la polémica en Europa al provocar un éxodo de domicilios fiscales en grandes empresas a favor de la provincia.
El análisis jurídico contenido en el informe concluye que el reconocimiento de una Zona Fiscal especial para los territorios despoblados podría tener encaje de realizarse una interpretación adecuada, y tras una petición razonada del Gobierno de España podría iniciar un proceso hacia su autorización por la UE.
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