El Consejo General del Poder Judicial y CEOE han celebrado unas jornadas jurídicas para abordar la problemática del hurto multirreincidente
El Consejo General del Poder Judicial y CEOE han celebrado, los días 9 y 10 de mayo, las Jornadas Jurídicas sobre “El Hurto Multirreincidente: su problemática socioeconómica y la respuesta penal y procesal”.
Estas jornadas han permitido crear un marco de colaboración y trabajo entre el Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las principales patronales del sector comercio y turístico de nuestro país para mejorar la respuesta penal frente a este tipo delictivo. En ella han participado tanto magistrados, fiscales y expertos penalistas; representantes del Cuerpo Nacional de Policía, Mossos, Ministerio de Justicia, directivos de los departamentos de seguridad de reconocidas empresas nacionales y representantes de los sectores afectados.
El hurto multirreincidente sigue creciendo en nuestro país: lo generan delincuentes reincidentes profesionales y organizados que hacen del hurto su medio de vida. Este tipo delictivo tiene un impacto económico notable en el comercio y el turismo español, desde la gran empresa hasta el pequeño comercio. Pero no sólo eso, afecta a toda la sociedad en su conjunto, desde los trabajadores que se enfrentan al delito, los ciudadanos -especialmente a las personas más vulnerables-, así como a los turistas que nos visitan cada año, perjudicando gravemente la imagen de nuestro país y la tasa de retorno en el ámbito turístico, que representa aproximadamente el 5,5% de la economía española.
Esta problemática, según fuentes policiales, llega a suponer más de 1.400.000 incidentes que, en determinadas zonas, comprende el 70% de las denuncias recibidas al año, estando Cataluña especialmente afectada por este tipo delictivo.
Gracias a los documentos publicados por CEOE, sabemos que, para el comercio, un sector que supone el 13% del PIB nacional y el 17% del empleo, las pérdidas causadas superan los 1.800 millones de euros al año, y suponen un coste para las administraciones, únicamente por su gestión y tramitación, de otros 300 millones anuales. También en estos informes y durante las jornadas se ha puesto de manifiesto el hecho de que de las 700.000 denuncias de hurto que se interponen al año, sólo llegan a ejecutarse sentencias en el 1% de los casos, suponiendo que el Estado deja de ingresar alrededor de otros 120 M € anualmente por no poder cobrar estas penas.
Todo ello genera una gran frustración en nuestra sociedad, que carece de una respuesta apropiada de nuestro sistema penal frente a este tipo de delitos, así como la desazón de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los poderes judiciales.
Estas jornadas han contado con un formato novedoso en este ámbito, al unir a todos los agentes afectados, brindado la posibilidad de colaborar en la búsqueda conjunta de soluciones penales, procesales y de medios y recursos tecnológicos, que ayuden a mejorar la eficacia en la lucha contra el delincuente de hurto reincidente. Gracias a ello, y a resultas del trabajo desarrollado durante estas jornadas, se está trabajando en un documento de consideraciones y propuestas de mejora ante esta grave problemática que es una lacra para nuestra sociedad y merma la competitividad de nuestro país.
Actualidad relacionada
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha llamado este martes a ceñirse a la ortodoxia económica y el rigor presupuestario necesarios para garantizar la solvencia de las cuentas del Estado, que es “la empresa más importante del país”.
Tras las diversas informaciones aparecidas en los medios de comunicación en los últimos días, relativas a supuestos avances en cuanto a una nueva propuesta del sistema de cotización en función de los ingresos reales de los autónomos, las organizaciones empresariales queremos aclarar que de existir esas negociaciones o contactos informales, ni CEOE, ni CEPYME ni ATA hemos participado de los mismos y que la última propuesta a la que hemos tenido acceso y que conocemos fue la que se nos presentó en la reunión del pasado día 28 de febrero.
La evidencia demuestra que en las regiones como la Comunidad de Madrid, en las que se apuesta por esta política fiscal, se dan mayores niveles de PIB per cápita, menores ratios de desempleo y se reduce la economía sumergida.
La Comisión de Legal de CEOE se ha reunido este martes en una sesión que ha contado con la presencia del Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.