Cómo avanzará España hacia la descarbonización de la economía: claves de la nueva ley sobre clima y energía
La nueva Ley, aprobada por el Congreso de los Diputados, crea un marco para cumplir los objetivos de España en la lucha contra el cambio climático en el horizonte 2030-2050. La norma marca la senda de descarbonización de nuestra economía.
La Ley de cambio climático y transición energética tiene por objeto asegurar el cumplimiento del Acuerdo de París, facilitar la descarbonización, la transición a un modelo circular, promover adaptación a impactos del cambio climático y afianzar un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo.
El objetivo final es alcanzar la “neutralidad climática” en 2050, es decir, que el balance entre las emisiones y las absorciones de gases de efecto invernadero sea cero y además que el sistema eléctrico sea 100% renovable. Para ello se establecen como metas intermedias en 2030, la reducción de emisiones GEI un 23% respecto a los niveles de 1990, la procedencia renovable del 74% de la electricidad generada y del 42% del consumo final de la energía y la mejora de la eficiencia al menos en una 39,5% (Art.3).
Para el logro de los objetivos de descarbonización la ley contiene los elementos reguladores de las dos grandes herramientas de gobernanza de clima y energía:
- El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que permite asegurar el logro de los objetivos y orientar las políticas e inversiones sobre clima y energía.
- La Estrategia de descarbonización a largo plazo, que proyecta la senda para el logro de los objetivos de descarbonización, revisable cada cinco años.
Para la evaluación de las políticas y medidas adoptadas, la Ley crea el Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética que anualmente remitirá al Congreso de los Diputados, no solo su informe de evaluación sino también sus recomendaciones sobre las políticas y medidas implementadas.
La Ley establece varias medidas para impulsar la transición energética y prevé mejorar la intensidad energética primaria de la economía un 3,5% anual y alcanzar una dependencia energética del 61% en 2030 (respecto al 74% de 2017), principalmente mediante una reducción del uso del carbón y el petróleo.
Incluye importantes medidas en los ámbitos de la energía, movilidad sostenible, adaptación al cambio climático, transición justa y movilización de recursos nacionales, incluyendo la elaboración de una estrategia de financiación climática internacional para asegurar que la cooperación y las inversiones españolas para el desarrollo se alinean con los objetivos climáticos de los ODS.
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