Un Plan de país y una nueva oportunidad para seguir mejorando

Nos encontramos a las puertas de cerrar 2022, el año que, de acuerdo a las previsiones iniciales del Gobierno, estaba llamado a ser el de la "velocidad de crucero" en el despliegue de los fondos europeos Next Generation. Así, después de 12 meses, es tiempo de evaluar el avance de su ejecución en España para poder extraer e identificar áreas de mejora de cara a asegurar su máxima contribución e impacto a la recuperación económica y la modernización del modelo productivo.

En primer lugar, sería deseable que este ejercicio pudiera llevarse a cabo de manera sencilla, a partir de los datos oficiales que el Gobierno debería publicar de manera periódica respecto de la llegada de fondos a la economía real. Sin embargo, todavía no están plenamente operativos todos los instrumentos de gobernanza y gestión de los fondos, como la plataforma COFFEE, por lo que la actividad supervisora implica una dificultad añadida de extracción de datos a partir de distintas fuentes de información.

Desde CEOE, dentro de la intensa actividad de monitorización de la ejecución de los fondos que pusimos en marcha hace más de dos años, hemos publicado recientemente un informe sobre una de las figuras que mayor interés ha despertado: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTES).

Dicho documento concluye que solo el 9,1% de los fondos previstos para los PERTES se ha adjudicado hasta la fecha, algo más de 3.000 millones de euros. Además, desde el lanzamiento del primer PERTE en julio de 2021, su ejecución todavía presenta barreras importantes para el conjunto de beneficiarios, especialmente para las PYMES. Por ello, es necesaria una mayor flexibilidad y menor complejidad en el acceso a las ayudas.

"Es necesaria una mayor flexibilidad y menor complejidad en el acceso a las ayudas"

Adicionalmente, en la situación económica actual, con una necesidad de reforzar de manera rápida la autonomía estratégica de España en capacidades clave, es necesario acelerar la publicación de convocatorias en sectores fundamentales, como el agroalimentario.

En todo caso, en líneas generales, 2022 ha supuesto un acelerón en la ejecución de los fondos, si bien todavía estamos a distancia de lograr la tan anunciada velocidad de crucero. Sin embargo, en estos momentos, más allá de continuar solicitando distintas medidas para mejorar la ejecución de los fondos, la prioridad se sitúa en asegurar que España presenta a Bruselas la mejor propuesta de Adenda posible al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de cara a la recepción del paquete restante de los fondos Next Generation.

En concreto, España debe solicitar antes de verano a Bruselas la propuesta para recibir la segunda parte del paquete Next Generation, por un importe total de casi 95.000 millones de euros y cuya ejecución debe hacerse entre 2024 y 2026.

"La prioridad se sitúa en asegurar que España presenta a Bruselas la mejor propuesta de Adenda posible al Plan de Recuperación"

A tal fin, el Gobierno aprobó el 20 de diciembre el borrador de la Adenda, esbozando sus líneas generales y con la previsión de enviarlo formalmente a Bruselas en febrero. Por ello, desde CEOE hemos elaborado una propuesta detallada para dicha Adenda.

Un documento que se estructura en torno a la apuesta por el desarrollo eficiente de proyectos estratégicos y por el refuerzo de la autonomía estratégica (española y europea) en las áreas de energía, agroalimentación, industria, tecnología y digitalización.

Dicha propuesta recoge, en primer lugar, una evaluación de la gestión y ejecución de los fondos y enumera una serie de propuestas para su optimización de cara a 2024-2026. Dentro de éstas destaca, por ejemplo, el refuerzo de la colaboración con el sector financiero para asegurar la máxima celeridad y capilaridad de las ayudas.

Según los primeros anuncios, la Adenda destina al ICO una línea de 15.000 millones que contará con el apoyo del sector financiero, pero es importante que el Gobierno concrete los detalles de acceso a los préstamos.

Asimismo, incidimos en la importancia de incorporar incentivos fiscales, como ya hacen otros países como Francia, Portugal, Italia o Dinamarca. Por ejemplo, poniendo en marcha bonificaciones fiscales en el Impuesto de Sociedades y homogeneizando la consideración del IVA como gasto deducible.

Adicionalmente, creemos importante asegurar el impacto transformador de los proyectos en las convocatorias, con subvenciones adaptadas a las necesidades empresariales actuales; así como desbloquear la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto ley 36/2020, que lleva más de 75 prórrogas y casi 2 años estancado en el Congreso.

En segundo lugar, desde las empresas españolas proponemos un conjunto de 16 reformas estructurales, para mejorar la competitividad de la economía española y poder hacer frente a los retos del futuro de manera adecuada. Entre ellas, destaca especialmente la puesta en marcha de un PERTE de talento y empleo, con el objetivo de avanzar en la prospección de necesidades de personal, orientación y en formación destinada a cubrir ocupaciones demandadas y no cubiertas en sectores clave, como el transporte o la construcción.

Asimismo, proponemos la creación de la Estrategia Global por la Cualificación y Formación, para reducir el desajuste entre la oferta y demanda de cualificaciones profesionales y combatir el desempleo, con especial incidencia en el desempleo juvenil; la reforma para mejorar la eficiencia del sector público, continuando con el desarrollo del Plan de Acción de la AIReF para la revisión del gasto y la implementación de las propuestas identificadas; y, finalmente, la reforma para un sistema fiscal eficiente, alejado de criterios ideológicos.

Finalmente, en relación a las líneas de inversión, proponemos un total de 106, situándose entre las más reseñables el desarrollo de proyectos tractores de carácter territorial, alineados con los sectores estratégicos de cada comunidad autónoma; extender el PERTE agroalimentario al Sector Primario; e impulsar un PERTE para el turismo.

En todo caso, más allá del contenido de la Adenda, un aspecto que desde CEOE también vemos como prioritario es que el documento cuente con la máxima participación real posible de los interlocutores sociales, las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios. No podemos olvidar que esta segunda parte del paquete Next Generation, en su mayoría, computa como deuda pública y debe ejecutarse más allá de la presente legislatura. Por ello, debe tratarse de un Plan de país y no de un Plan de Gobierno.
 

*Artículo publicado en El Español