La banca arrima el hombro

Las reuniones del Ecofin y del sector financiero de la semana pasada en Praga fueron una oportunidad para abordar los retos a los que se enfrenta Europa, con una crisis energética que impacta ya en las economías y en los mercados, y una inflación que no da tregua. Ante esta situación, ¿qué se espera del sector bancario? La respuesta se repetía en todas las conversaciones: “Necesitamos bancos fuertes y comprometidos para apoyar a ciudadanos y empresas en estos momentos de dificultad”.

La banca ha demostrado siempre su compromiso con el crecimiento económico y su responsabilidad social. Durante la pandemia se acordaron moratorias de hipotecas y otros créditos, se adelantó el pago de pensiones y de la prestación por desempleo, e hizo llegar 140.000 millones de crédito, en parte con garantía pública, a 750.000 empresas de una forma rápida y eficaz gracias al esfuerzo de los empleados del sector que mantuvieron abiertas sus oficinas.

En el actual escenario de incertidumbre sabemos que de la banca se espera seguridad, solvencia y solidaridad. Pero la fórmula para conseguirlo no es un impuesto que limita la capacidad de apoyar a la economía real y resulta contraproducente para luchar contra los efectos de la inflación. Este gravamen va a tener efecto sobre el crédito: 50.000 millones menos, según cálculos del sector, equivalente a 250.000 hipotecas medias. Este retroceso tendrá su impacto en PIB y su reflejo en el empleo con la destrucción de entre 25.000 y 35.000 puestos de trabajo. Si sumamos el mensaje negativo que se da a los inversores sobre la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica en España y la reducción del retorno para los 6 millones de accionistas minoristas, el resultado es una carga que genera nuevos problemas sin solucionar los existentes.

Siempre hemos arrimado el hombro. La prueba más reciente es el trabajo de las tres asociaciones, AEB, CECA y UNACC, para ampliar la atención personalizada a los mayores, reforzar la educación financiera y digital, y aumentar los puntos de acceso a los servicios financieros en las zonas rurales. Iniciativas para mejorar la vida de la gente que hemos desarrollado en un contexto de intensa colaboración público-privada.

Por eso resulta chocante que en lugar de apostar por la cooperación, se haya optado por la imposición. Hemos sido conminados a participar en un pacto de rentas con un impuesto que señala y estigmatiza al sector y que está motivado en una serie de conjeturas contables, fiscales y laborales que no se corresponden con la realidad. Se califica como una “prestación patrimonial de carácter público no tributario”, pero no es más que un impuesto que se gestionará como tal y financiará el gasto público.

En cuanto a su tramitación, lamentamos no haber tenido la oportunidad de dar nuestra opinión. Con la Proposición de Ley se elude la consulta pública y todo informe preceptivo, lo que afecta, sin duda, a la calidad de una norma que convierte a España en una incomprensible excepción europea y lastra a sus entidades en el mercado global.

La experiencia de la gran crisis financiera nos dice que la solvencia y la rentabilidad de la banca son factores de estabilidad y seguridad. También que la intromisión política en su gestión ha dejado una factura que hemos pagado la sociedad y los bancos (23.000 millones de euros a través del fondo de garantía de depósitos y 2.600 millones de euros a Sareb) para salvar los depósitos de millones de ciudadanos.

Del mismo modo, la crisis de la covid nos ha enseñado que trabajando juntos gobierno, sector financiero y empresas somos capaces de dar respuestas eficaces, y con la colaboración constructiva se multiplican los beneficios para la sociedad. Esa es, a mi modo de ver, la mejor manera de arrimar el hombro.

* Artículo publicado en El País