CEOE y la Plataforma del Tercer Sector reclaman la modificación de la Ley de Desindexación para garantizar la viabilidad de los servicios públicos esenciales

CEOE y la Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, han emitido una declaración conjunta en la que instan al Gobierno a modificar la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española, por el grave impacto que está teniendo en la contratación pública de servicios esenciales.

Ambas organizaciones alertan de que esta normativa, que desvincula los precios de los contratos públicos del IPC, impide la revisión periódica y predeterminada de los precios, incluso ante situaciones sobrevenidas. Esta rigidez normativa está generando efectos perversos en la prestación de servicios básicos, especialmente en el actual contexto socioeconómico marcado por la inflación y la incertidumbre geopolítica.

“La aplicación de la desindexación al sector servicios pone en riesgo la viabilidad de muchos contratos, compromete la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y amenaza la sostenibilidad de las organizaciones que prestan estos servicios”, ha señalado el comisionado de Sostenibilidad de la Plataforma del Tercer Sector,  Juan Antonio Segura, que ha firmado el documento en representación de la entidad.

Por su parte, CEOE considera necesaria la aplicación de esta modificación, ya que, “en un contexto tan incierto como el actual, las posibles fluctuaciones de costes y la imposibilidad de adaptar los contratos a los mismos, generan una situación de inseguridad que afecta de forma importante a la actividad en el sector y van en detrimento, en último término, de las personas beneficiarias de los servicios”, en palabras del presidente  de la Comisión de Servicios Intensivos en Personal de CEOE, Juan Ignacio Beltrán García-Echániz.

Impacto negativo 

Recuperar la actualización automática de los contratos públicos en base a la variación del IPC es una demanda histórica de CEOE ya que garantizaría la viabilidad de muchas empresas y organizaciones, especialmente del tercer sector, que ahora no pueden ajustar los precios pese a la subida de costes.  

Ambas organizaciones destacan que se está produciendo un desequilibrio económico en los contratos, obligando a muchas entidades a prestar servicios a pérdidas. Esta situación desincentiva la participación en licitaciones públicas, al no poder garantizar condiciones mínimas de calidad y regularidad.

Además, se pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales, especialmente los dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad, y se amenaza la viabilidad de las organizaciones prestadoras, agravada por prórrogas forzosas y órdenes de continuidad sin posibilidad de revisión de precios.

Propuesta para garantizar la sostenibilidad 

CEOE y la Plataforma del Tercer Sector reclaman recuperar la indexación de los contratos públicos de servicios, una demanda reiterada por organizaciones sociales, sindicales y empresariales. Para ello, proponen modificar la Ley, su normativa de desarrollo y el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público para permitir la revisión de precios en función de la evolución de los costes.

En este sentido, subrayan que ya se han aprobado medidas similares para los contratos de obra pública, lo que demuestra la viabilidad jurídica y presupuestaria de aplicar esta solución también al sector servicios.

Ambas entidades reclaman al Gobierno que actúe con urgencia para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y fortalecer la capacidad del Estado para responder a las crecientes demandas sociales.