Cumplir la ley y negociar

Las empresas españolas cumplen con rigor y prudencia los derechos de los trabajadores en materia de jornada, al tiempo que se aseguran su productividad y, por qué no decirlo, controlan el absentismo que, en ocasiones, se produce, y digo en ocasiones, al igual que en el caso que nos ocupa, de manera injustificada.

Pero, como dice un buen amigo, «en España no hacemos bien las cláusulas anti abuso», así que, por unas cuantas empresas, que son las menos, que incumplen sus obligaciones legales y que, desde luego, ni encuentran refugio en CEOE ni son representativas de la mayoría, se impone, por decreto ley, el café para todos.

Y en ese café para todos nos arriesgamos a retroceder en fórmulas de flexibilidad que se han forjado con empeño para garantizar la competitividad de nuestras empresas en mercados globales y la adaptabilidad a las curvas de la demanda, que es imprescindible para garantizar el empleo, y también, hay que decirlo, en fórmulas de conciliación y modelos de «autogestión» del tiempo basadas en la confianza recíproca, todo ello con escrupuloso cumplimiento de la ley.

Para el cumplimiento del registro de jornada estamos en las empresas, negociando con los sindicatos y la representación de los trabajadores para reunir, en una única herramienta, realidades tan dispares como las de los empleados que desarrollan su actividad de manera permanente en el centro de trabajo, los que trabajan en la calle desarrollando tareas comerciales, los que se desplazan temporalmente por razones de actividad o producción fuera de su domicilio, los que por deseo expreso realizan una o varias jornadas desde casa, los que poseen responsabilidades de gestión y dirección de equipos, y un largo etcétera que agotaría los caracteres del periódico. Estamos ante una casuística que es inagotable, todo ello, además, con las disposiciones de la actual normativa de protección de datos en la utilización de dispositivos telemáticos.

Cumpliremos la ley, como siempre, y seguiremos trabajando denodadamente con los sindicatos y los representantes de los trabajadores para lograr soluciones que, aunque complejas, representen un punto de encuentro entre los derechos de los trabajadores y sus necesidades de conciliación y las fórmulas de flexibilidad precisas para garantizar la competitividad y el empleo. Solo nos cabe esperar encontrar, también, la colaboración de la Administración.