CEOE y Cepyme rechazamos con total rotundidad el acuerdo alcanzado entre la coalición PSOE y Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral a cambio de su apoyo a la última de las prórrogas del estado de alarma.
Este pacto supone un desprecio indignante al diálogo social, al que dinamita; al papel que la propia Constitución otorga a los agentes sociales y, en este sentido, a las propias instituciones del Estado en el momento más delicado de la economía española y, por tanto, cuando este diálogo se hace más necesario.
Tanto es así, que desoye también las recomendaciones emitidas este miércoles por la Comisión Europea, en las que plantea la necesidad de fundamentar la recuperación a medio plazo en medidas de apoyo al empleo tomadas de acuerdo con los interlocutores sociales, tales como la flexibilización de las condiciones laborales.
El pacto alcanzado es de una irresponsabilidad mayúscula y tendrá unas consecuencias negativas incalculables en la economía española y en la confianza empresarial tanto nacional como internacional, que impactarán de forma profundamente negativa en el empleo.
En estos momentos, en los que el propio Gobierno aborda con patronal y sindicatos medidas de flexibilidad en el ámbito laboral para garantizar la subsistencia de miles de empresas y millones de empleos, en los sectores más castigados por el COVID-19, es totalmente incoherente y contrario suscribir un acuerdo para dar un paso atrás e incrementar la rigidez en el mercado laboral.
De esta forma, se echarán por tierra todos los esfuerzos realizados para, a través de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), lograr hibernar las plantillas y salvaguardar millones de puestos de trabajo.
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Son las grandes empresas las principales impulsoras de la creación de empleo. Advierte, además, de que la caída de la afiliación en el campo y el servicio del hogar por las sucesivas subidas del SMI podría agravarse con la reducción de jornada.
CEOE y CEPYME queremos alzar de nuevo la voz en contra de la aprobación del proyecto de Ley para la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas a la semana, por los graves perjuicios que va a ocasionar al tejido empresarial y, en consecuencia, a la economía y el empleo.
Advierte de que la reducción de la jornada laboral será una vuelta de tuerca más en costes y dificultades normativas para la gran mayoría de empresas y sectores.
Este miércoles se ha celebrado la primera reunión de la comisión para evaluar la reducción de la temporalidad en el marco de la reforma laboral de 2021. En una convocatoria teñida de nuevo de oportunismo político en la antesala del Primero de Mayo, tenemos que lamentar el alcance de los planteamientos y la estigmatización que se ha hecho de empresas y sectores por parte del Ministerio de Trabajo.