CEOE Internacional analiza el nuevo Real Decreto sobre Inversiones Exteriores en España

En la sesión se han presentado el contenido y las implicaciones del nuevo Real Decreto, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre. El contexto en el que se produce esta modificación de la ley es la creciente preocupación por preservar sectores y empresas estratégicas de posibles influencias indebidas y la necesidad de establecer un régimen de control para identificar estos casos, prohibirlos o condicionarlos y para mitigar los potenciales riesgos asociados a ciertas operaciones que se producen, especialmente, en momentos de crisis y caída de los mercados.

Este decreto de Inversiones Extranjeras desarrolla el régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior de la Ley 19/2003, de 4 de julio, e introduce mejoras de carácter técnico con el objetivo de clarificar, garantizar seguridad jurídica y reducir trabas administrativas a los inversores extranjeros. Estas modificaciones se han realizado aplicando en todo caso los principios de necesidad y proporcionalidad para no añadir cargas burocráticas al texto legal.

Entre las modificaciones más significativas destacan la reducción de los plazos de resolución de 6 a 3 meses, la posibilidad de consulta voluntaria vinculante con un plazo de respuesta de 30 días, la mejora del registro de inversiones para alinearse con estándares mundiales y el desarrollo de una herramienta informática para facilitar el intercambio de información y consultas entre los interesados. Además, incorpora nuevas formas de inversión, de manera que exista un equilibrio entre el interés de proteger ciertos sectores estratégicos y la atracción de inversiones y promoción de la internacionalización española.

Asimismo, la norma es especialmente cuidadosa en el caso de las infraestructuras y tecnologías críticas (incluida la inteligencia artificial y materias primas críticas) cuando exista riesgo de que la seguridad, salud u orden público queden afectados.

Los representantes de la Secretaría de Estado han señalado que las medidas tomadas no suponen un endurecimiento de la ley y que son compatibles con los requisitos comunitarios (reglamento UE 2019/452, por el que se establece un marco para el control de las IED en la Unión Europea) y el correcto funcionamiento del mercado común y entra en el marco de la nueva autonomía estratégica abierta de la UE.

Finalmente, se comentó la conveniencia de difundir el nuevo Real Decreto para un mejor entendimiento de la nueva normativa.