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Fecha
Fiscalidad
08 Feb 2018

FER denuncia que el impuesto de la Generalitat Valenciana al vertido e incineración afecta solo a los residuos de gestión privada

“Este nuevo gravamen no se aplica a los residuos domésticos de gestión pública que son los que en mayor medida se destinan al vertido e incineración, por lo que solo se entiende con un fin recaudatorio”: Alicia García-Franco, directora general de FER

La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje ha mostrado su rechazo a la normativa de la Generalitat Valenciana por la que se modifica el artículo 155 de la Ley 10/2012 de medidas fiscales y crea un impuesto a la “incineración, coincineración y valorización energética de residuos y rechazo de residuos”.

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La FER, por medio de su directora general, Alicia García-Franco, ha expresado su desacuerdo con que “se aplique este tipo de gravámenes a flujos procedentes de rechazos de plantas de tratamiento de residuos, excluido el simple almacenamiento, una vez que estos residuos ya han sido procesados y han recibido un tratamiento por parte del gestor. Más aún cuando se cierran las puertas a todas las alternativas de gestión de estos rechazos no valorizables, como es la valorización energética”. Además, “tienen que existir operaciones alternativas técnica, ambiental y económicamente viables y probadas, así como extendidas a nivel industrial en todo ese sector y se tienen que cumplir todas estas condiciones, situación que no se da en España”, ha añadido.

Aunque la nueva normativa tiene como finalidad el fomento en el ámbito de la Comunitat Valenciana del “reciclado y la valorización de los residuos, así como la disminución del impacto sobre el medio ambiente derivado de su eliminación en vertedero e incineración, coincineración sin valorización de energía y valorización energética”, según señala el articulado, quedan exentos de dicho impuesto los residuos domésticos cuya gestión sea competencia de administraciones públicas, el depósito en vertederos de residuos generados en el proceso de valorización energética de residuos urbanos y aquellos residuos ordenados por autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor o catástrofe. “Son precisamente los residuos domésticos sobre los que la Unión Europea ha hecho especial hincapié para evitar su vertido e incineración, fijando unos objetivos de reciclaje obligatorios del 65% en 2035 y de los que España está muy lejos, con un porcentaje actual del 33%”, ha señalado García-Franco.

Sin embargo, las empresas asociadas a FER trabajan con otros flujos de residuos que consiguen alcanzar los objetivos fijados por la UE. “Si el objetivo del impuesto es fomentar el reciclado, no debería aplicarse al residuo que tiene su origen en el tratamiento de otros residuos para su reciclaje”, ha explicado la responsable de FER, “porque lo que se produce en esa situación es un impuesto de facto al propio reciclaje”. De hecho, en opinión de la FER, la situación generada con este tributo que aplicará la Generalitat Valenciana no es coherente con el esfuerzo que realizan las empresas recuperadoras, cuyo principal objetivo es obtener el máximo aprovechamiento de los residuos que gestionan en sus plantas de tratamiento, aspecto clave para la viabilidad y rentabilidad de su negocio.

Por último, García-Franco ha destacado que “la normativa también sitúa a las empresas recuperadoras que operan en la Comunidad Valenciana ante un claro caso de discriminación con respecto a las de otras comunidades autónomas que no deben hacer frente a este tipo de impuestos injustos y desproporcionados”.

La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje, creada en 1982, representa a más de 435 empresas gestoras de residuos (metales férricos y no férricos, aparatos eléctricos y electrónicos, neumáticos fuera de uso, vehículos fuera de uso, envases o madera, entre otros). Representa el 90% del volumen del sector de la recuperación de metales férricos y no férricos, así como el 60% de los recicladores de neumáticos fuera de uso. Dentro de FER se encuentran, asimismo, el 80% de los tratadores de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y el 100% de la industria fragmentadora de metales de España. El sector del reciclaje genera en la actualidad 30.000 empleos directos y 105.000 indirectos en España.

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