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Fecha
Economía
16 Jun 2022

La falta de eficiencia del sector público constituye el principal freno a la competitividad de la economía española

El Ranking de Competitividad Mundial de IMD 2022 ha posicionado la situación competitiva de España en el puesto 36, de un total de 63 economías. España asciende tres puestos en esta última edición, tras caer hasta el 39 en 2021, con lo que recupera la posición mantenida entre 2018 y 2020. No obstante, continúa registrando una posición inferior a otras economías de nuestro entorno, por lo que la competitividad debe ser un eje prioritario de nuestra política económica. CEOE es partner en España del Institute for Management Development (IMD) para la elaboración del World Competitiveness Yearbook.

Ranking IMD competitividad


Entre las grandes áreas analizadas destaca el área de resultados económicos como el aspecto que más ha mejorado la competitividad de la economía española en el último año. Por el contrario, el área de eficiencia del sector público es el bloque de indicadores que más se ha deteriorado en este ejercicio, según este ranking.

La eficiencia del sector público viene malográndose en los últimos años con el consiguiente impacto en la competitividad de la economía española. En concreto, esta área es en la que España registra un peor resultado, situándose en el puesto 50 de 63 economías analizadas.

Desde una perspectiva estructural y de largo plazo, las consideraciones más desfavorables sobre España del informe de competitividad son las relativas a las finanzas públicas (donde nos sitúa en el puesto 59 de 63 países) y al empleo (en el puesto 52).

El World Competitiveness Yearbook, uno de los más prestigiosos y completos informes sobre competitividad internacional, elaborado por el IMD World Competitiveness Center, aborda la dimensión política, social y cultural de la competitividad, además de la estrictamente económica, al evaluar la capacidad de los países para proveer aquellas infraestructuras, instituciones y políticas que fortalezcan y apoyen la competitividad de las empresas.

Este año, el ranking está liderado por Dinamarca, Suiza y Singapur, ocupando las siguientes posiciones Suecia, Hong Kong, Holanda, Taiwán, Finlandia y Noruega, por este orden. Estados Unidos se coloca en décima posición. Alemania se mantiene en la posición 15 del ranking, Reino Unido baja cinco posiciones hasta la 23, Francia mejora una hasta la 28. Por debajo de España en el ranking solo se encuentra Italia, en la posición 41, que mantiene respecto a 2021.

En el informe se analiza la competitividad de los países participantes a partir de cuatro áreas: resultados económicos, eficiencia del sector público, eficiencia empresarial e infraestructuras. España alcanza su mejor ranking en el área de infraestructuras, donde se sitúa en la posición 25.

Como ya se ha avanzado, el área que más ha mejorado desde la última edición del ranking ha sido resultados económicos, con una escalada de siete posiciones tras descender once en la edición de 2021. Dentro de los factores que componen esta área, se ha constatado un deterioro notable, con respecto a la edición anterior, en inflación, ingresos por turismo o concentración de exportaciones por productos, entre otros. Los aspectos relacionados con el mercado laboral siguen siendo una de las principales debilidades de la economía española, situándonos casi en las últimas posiciones del ranking en variables como desempleo juvenil o desempleo de larga duración, que se han visto agravados en la última edición. Otros aspectos como la resiliencia de la economía (su capacidad de adaptación a los cambios) o la relocalización de empresas se ven como un lastre a la competitividad. Destacan como fortalezas, dentro de los resultados económicos, la inversión extranjera, tanto en España como de España hacia el exterior, y las exportaciones de servicios.

España registra su peor posición en el ranking en el área de Eficiencia del Sector Público, que se sitúa en la posición 50 tras descender un puesto respecto al año anterior. Algunos de los criterios que continúan siendo un importante lastre para la eficiencia del sector público se refieren a las finanzas públicas, a la regulación del mercado laboral y su flexibilidad, a la elevada contribución a la Seguridad Social de las empresas o a la adaptabilidad de las políticas gubernamentales. No obstante, entre los factores que destacan como positivos en esta área cabe señalar la estabilidad del tipo de cambio, las barreras arancelarias o el diferencial de tipos de interés.

La eficiencia empresarial se sitúa en esta edición en la posición 40, tras descender un puesto respecto a 2021. Dentro de este bloque de indicadores destacan los resultados obtenidos en lo referido a grandes empresas, activos del sector financiero o productividad. Sin embargo, según se desprende de los resultados del informe, los márgenes de mejora de la eficiencia empresarial pasan por la necesidad de reformas económicas y sociales y la falta de emprendimiento. Además, se hace necesaria una mayor transformación digital de las empresas, incluyendo el uso de las herramientas y tecnologías digitales o del Big Data.

El área de infraestructuras mejora un puesto hasta la posición 25 y continúa siendo el factor en el que España alcanza su mejor resultado. En este ámbito se analiza el grado en que los recursos básicos, tecnológicos, científicos y humanos cubren las necesidades de las empresas. España ocupa una muy buena posición en educación secundaria y universitaria, ingenieros cualificados, infraestructuras sanitarias y cobertura universal de la sanidad, entre otros. No obstante, determinados aspectos continúan siendo un lastre para nuestra competitividad, ya que no se ajustan a los requerimientos del sistema productivo, como la legislación sobre investigación científica, los conocimientos de idiomas, las exportaciones de alta tecnología o la transferencia del conocimiento.

Los resultados de este informe ponen de manifiesto algunas de las principales debilidades estructurales de la economía española que afectan a su competitividad y limitan su crecimiento a medio y largo plazo. En este sentido, puede ser de gran utilidad a la hora de identificar los principales retos para la competitividad de la economía española, de cara a emprender reformas estructurales pendientes y abordar posibles actuaciones por parte, tanto de las autoridades públicas, como de las propias empresas.

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