El Boletín Oficial del Estado y los de las Comunidades Autónomas vuelven a superar el millón de páginas publicadas en 2019

El Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos de CEOE ha publicado el informe “La producción normativa en 2019”, una nueva edición del documento que se realiza desde 2015 y que permite analizar el número de normas aprobadas a nivel estatal, autonómico y europeo cada año. El objetivo es “poner sobre la mesa datos que evidencian la profusión normativa”, así como “hacer más visible la dedicación y el esfuerzo que supone para el empresario estar al día de toda la legislación vigente”.

Según los últimos datos obtenidos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE), en 2019 se aprobaron 648 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal, lo que supone un incremento del 10,2% si se comparan con las 588 normas que se adoptaron en 2018. No obstante, el informe resalta que estos datos están lejos de alcanzar los niveles medios de producción normativa de la primera década del siglo XXI y las altas cifras del inicio del periodo democrático. En los últimos cuatro años, “los menores niveles de producción normativa se justificarían en las dificultades para conformar gobiernos estables como consecuencia de resultados electorales que, desde los comicios de diciembre de 2015, han generado un arco parlamentario muy heterogéneo”.

En cualquier caso, cabe destacar la consolidación de una tendencia de crecimiento en la producción de normas por tercer año consecutivo.

De las 648 normas estatales publicadas en el BOE en el año 2019, solo un 4% representan normas con rango de ley, es decir: ley orgánica, ley ordinaria, real decreto ley y real decreto legislativo.

Al cierre de 2019, el número de reales decreto ley ha sido por cuarto año consecutivo superior al número de leyes ordinarias publicadas en el BOE. Se trata de un hecho destacable pues, en 42 años de democracia, este fenómeno solo se había producido en otras cuatro ocasiones de manera aislada (1978, 2004, 2008 y 2012).

El recurso a la figura del real decreto ley, previsto para casos en los que existe una “extraordinaria y urgente necesidad”, según recoge la Constitución, genera inconvenientes cuando se percibe que está siendo utilizado de manera abusiva, por entender que se estarían evitando cauces de consulta y elaboración de normas más adecuados. Así, en 2019 dos de cada tres normas con rango de ley han sido desarrolladas a través de un real decreto ley.

Las normas con rango de ley (leyes, decretos legislativos y decretos leyes) aprobadas por las Comunidades Autónomas, y recogidas en el propio BOE, ascendieron a 309 en 2019, lo que significa un aumento del 14% sobre las 271 normas adoptadas en 2018. En 2019, por tanto, el número de normas con rango de ley procedentes de las Comunidades Autónomas fue 12 veces mayor que las normas con rango de ley estatales.

Páginas publicadas en los boletines oficiales

El informe también detalla que el conjunto de las páginas publicadas por los Boletines Oficiales de ámbito estatal y autonómico volvió a superar holgadamente el millón. En concreto, ascendió a 1.038.323 páginas en 2019. En los boletines de las Comunidades se publicaron 824.040 páginas, un 4,2% más que en el año anterior; y en el del Estado, 214.283, con un incremento del 3,4% respecto a 2018.

Producción normativa en la Unión Europea

En la Unión Europea, el número de actos jurídicos adoptados ascendió a 1.995 en 2019, distribuidos en 818 reglamentos, 56 directivas y 1.121 decisiones. Comparado con la actividad normativa del año anterior, el informe constata que se registró un ligero incremento del 4,9%, teniendo en cuenta que en 2018 se aprobaron un total de 1.902 actos, de los cuales 813 se correspondían con reglamentos, 43 con directivas y 1.046 fueron decisiones. En cuanto a la legislación total vigente en la Unión Europea, acumula 54.398 normas.

Entramado normativo complejo

El informe considera que “España posee un entramado normativo complejo, inherente a un sistema de gobernanza multinivel que provoca que en el territorio español se apliquen normas europeas, estatales, autonómicas y locales, además de los acuerdos internacionales”. “En esta tesitura, es fundamental velar por que la legislación vigente se componga de normas claras, simples y en un número reducido que no provoque profusión y dispersión legislativa”, añade.

En opinión de la Confederación, “un marco institucional que promueva un Estado de Derecho sólido, donde la regulación sea estable, fiable y cumpla con los criterios de las buenas prácticas regulatorias es imprescindible para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo empresarial. La producción normativa, por tanto, no puede ser injustificada, desproporcionada o discriminatoria”.

En este sentido, añade el informe, “se debe velar por no añadir cargas innecesarias a las empresas, que para cumplir con la legislación que les es aplicable deben destinar ingentes recursos que lastran su competitividad e impiden que se genere mayor riqueza y empleo”.