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04 abr 2018
SEOPAN

La licitación y contratación pública continúan en mínimos históricos en 2017

La licitación pública de concesiones cae un -46% en 2017 (239 M€ en infraestructuras de edificación no residencial), un -97% del volumen de hace diez años.

la licitación pública, en 2017, crece un 38% (8.309 M€) y la contratación pública, por su parte, un 32% (4.755 M€) con respecto al 2016, aunque, en ambos casos, estas cifras representan la tercera parte del volumen de 2007 y continúan en niveles próximos a los mínimos históricos, según ha informado esta mañana SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras. 

Coches en la carretera Dreamstime
©© Dreamstime

Además, la patronal ha añadido que la actividad concesional cae un -46% (239 M€) con respecto al año anterior –y un 97% en los últimos 10 años-, "lo que indica que nuestro país sigue lejos de recuperar un nivel de inversión pública aceptable que resuelva el importante déficit de más de 114.000 millones de € en infraestructuras prioritarias a realizar en el corto plazo con un elevado impacto social: ciclo integral del agua (12.014 M€), medioambiente (6.522 M€), salud y educación (10.550 M€), movilidad y accesibilidad urbana (38.290 M€), movilidad y transporte interurbano (46.256 M€) e infraestructuras logísticas (699 M€)".

Según los datos presentados, "al ritmo inversor actual se tardarían 136 años en realizar las infraestructuras necesarias en medioambiente, 40 años en resolver el déficit inversor acumulado en las infraestructuras de transporte y ciclo integral de agua y sería asimismo preciso duplicar la inversión actual en infraestructuras de equipamiento público (salud y educación) para recuperar en 4 años el déficit inversor acumulada en 2011/2016".

Las consecuencias de no resolver los déficits actuales son la pérdida de la competitividad, ya que se verán afectados los sectores clave que sustentan la recuperación económica -turismo y exportaciones- y se ampliará la brecha inversora con las cuatro mayores economías europeas, la reducción del bienestar social del ciudadano, con mayores costes externos de transporte (congestión, accidentes, emisiones…) y la pérdida de impulso económico debido a la menor actividad económica inducida, menor creación de empleo y menor retorno fiscal.

Sobre el primer impacto negativo, SEOPAN añade que, en 2016, con respecto a las mayores economías europeas, España ha invertido por habitante en infraestructuras de salud, de educación, de medioambiente y transporte un -30%, -71%, -62% y un -54%, respectivamente. Con este rimo inversor, nuestro país invertirá en el periodo 2018/2019 un -63% menos que el resto de países referentes de la Unión Europea (UE).

Según ha expuesto la Asociación, "las prioridades de gasto social, la reducción de la deuda pública y el pago de sus intereses no permitirán en los próximos años atender las necesidades de inversión de infraestructuras con cargo a los presupuestos públicos, con lo que será necesario un modelo de financiación extrapresupuestaria para la realización de las infraestructuras que nuestro país necesita". En este sentido, SEOPAN ha resaltado la importancia de "alcanzar un Pacto Nacional de Infraestructuras que fije las prioridades de inversión y defina un modelo global de financiación y gestión de carreteras de gran capacidad más eficiente, sostenible y solidario que resuelva la desigualdad territorial y modal del transporte y que esté armonizado con la UE, ya que, el resto de países basan su sostenibilidad en los usuarios de las vías y no en los contribuyentes". En su opinión, este modelo implicaría un ahorro en el presupuesto público de 2.500M€ al año.

“Es imprescindible un pacto nacional entre las distintas fuerzas políticas para la aprobación de un plan general de infraestructuras a largo plazo que, bajo estrictos criterios de rentabilidad económico-social, establezca las prioridades y su financiación”, señala Julián Núñez, Presidente de SEOPAN.

Además, la Asociación ha resaltado la importancia de alcanzar un Pacto Nacional del Agua para poder resolver los déficits hídricos actuales, cumplir con los objetivos ambientales impuestos por Europa 2016/2021 y evitar las sanciones derivadas de su incumplimiento. En esta línea, la patronal ha destacado el incremento del presupuesto de inversión del Grupo Fomento para 2018, un +13,7% (7.765 M€) frente a la atonía inversora del Ministerio de Agricultura en infraestructuras hidráulicas (1.177 M€) que mantiene el presupuesto de 2017 sin incremento.

Los datos agregados de las empresas de SEOPAN, respecto a 2016, muestran un ligero aumento de la actividad nacional del 0,3% (4.296 M€), principalmente motivado por la subida de la edificación residencial (+41%), ya que la actividad en obra civil ha seguido cayendo (-2%). Asimismo, el empleo directo disminuye un -7,2% (18.199 empleos).

El déficit actual en infraestructuras prioritarias de elevado impacto social supera los 114.000 millones de €; es necesario un acuerdo político para fijar las prioridades y garantizar su financiación sostenible.