CEOE aboga por convertir la política energética en una auténtica política de competitividad empresarial e industrial

“Desde CEOE defendemos con claridad que las medidas que realmente contribuyan a reducir los costes energéticos y reforzar la competitividad deben consolidarse con carácter estructural. Necesitamos una política energética que deje de ser una respuesta a cada crisis y pase a ser una política de competitividad empresarial e industrial de largo plazo”, ha subrayado Antonio Garamendi, este jueves, en la apertura del acto, celebrado en la sede de CEOE (Madrid).

El presidente de la Confederación subrayó que, gracias un sistema eléctrico sólido y un mix diversificado, España tiene una oportunidad energética e industrial evidente. Pero para poder aprovecharla necesita unos precios finales de la energía competitivos con carácter estructural.

“Si lo hacemos bien, la energía puede convertirse en una de las grandes ventajas competitivas de España: una ventaja para atraer inversión, mantener industria, crear empleo de calidad y demostrar que descarbonización y competitividad pueden ser parte de una misma estrategia”, concluyó.

Medidas para abaratar el coste eléctrico industrial

En su informe, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española plantea un paquete de cinco medidas estructurales para reducir el coste de la electricidad que asume la industria, reforzar su competitividad y frenar los procesos de deslocalización.

El estudio parte de un diagnóstico claro: “En España las tarifas industriales, excluyendo impuestos, han aumentado entre un 35% y un 60% desde 2019 y, una vez incorporada la fiscalidad, nuestro país presenta una desventaja significativa en costes eléctricos frente a otros socios europeos, como Francia y Alemania, comprometiendo la competitividad española”, explicó Antonio Hernández, socio responsable de Sectores Regulados y Análisis Económico de EY.

“Pese a ello, contamos con una oportunidad histórica para atraer industria gracias a nuestra abundancia en fuentes renovables pero para aprovecharla es preciso acometer una reducción estructural de cargos e impuestos que mejore la competitividad, promueva la creación de nuevos puestos de trabajo, potencie la actividad económica y, en consecuencia, genere nueva recaudación fiscal”, dijo.

Según la Alianza, la aplicación conjunta de las medidas propuestas permitiría reducir el precio final industrial entre un 10% y un 30%, acercándolo a los niveles de países como Francia o Alemania.

Estas medidas incluyen pasan por eliminar el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, ampliar la bonificación del Impuesto Especial Eléctrico, integrar los costes de restricciones técnicas en los peajes, reducir peajes a consumidores con alto consumo eléctrico o maximizar las compensaciones por CO₂ indirecto

“La energía asequible no es solo una cuestión técnica o coyuntural, es un elemento central de la política industrial. Sin precios eléctricos competitivos no hay reindustrialización posible”, señaló Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza, durante la presentación. A su juicio, “una electricidad más competitiva es clave para hacer viables la descarbonización y el aprovechamiento del potencial renovable”.

La Alianza, que representa al 60% del PIB de España, está constituida por AICE (combustible), ANFAC (automoción), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento), PRIMIGEA (materias primas minerales), SERNAUTO (componentes de automoción) y UNESID (siderurgia).

Grupo de Trabajo de Energía de CEOE

El Grupo de Trabajo de Energía de CEOE, a instancias de la Comisión de Industria y Transición Ecológica, lleva trabajando tiempo en una propuesta amplia sobre precios competitivos de la energía como palanca de competitividad empresarial y reindustrialización.

El informe de la Alianza (centrado en la electricidad, como uno de los factores clave para la competitividad industrial) es una aportación muy relevante a ese proceso.

El trabajo de CEOE pasa por integrar esta contribución, junto con las del resto de sectores y las relativas a otros vectores energéticos, como el gas, en una visión más global de costes energéticos.

La competitividad energética debe afrontarse desde una perspectiva amplia y exige actuar sobre el conjunto de factores que condicionan el coste final: desde una fiscalidad energética más coherente con el objetivo de energía competitiva, una revisión de los costes de la factura no vinculados directamente al suministro o el refuerzo de redes e infraestructuras hasta mecanismos de apoyo a los consumidores más intensivos en consumo de energía o el impulso a contratos a largo plazo.

También entiende que hay que tener en cuenta que la realidad energética de las empresas es diversa y, en este sentido, la electrificación de la economía es una palanca fundamental para la descarbonización pero también serán necesarios otros vectores energéticos y soluciones tecnológicas para algunos procesos productivos.

Además, defiende tres principios irrenunciables sobre los que debe articularse toda propuesta para una mayor competitividad energética: estabilidad regulatoria, neutralidad tecnológica y colaboración real con los sectores desde el inicio.