El Gobierno y los interlocutores sociales alcanzan un acuerdo sobre los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto a través de plataformas digitales
El consenso permite la laboralización de las personas trabajadoras que prestan sus servicios a través de las plataformas digitales de reparto, en línea con la sentencia del Tribunal Supremo. Además, la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas en las que se basan los algoritmos que pueden afectar a las condiciones laborales.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han alcanzado un acuerdo para establecer la situación laboral de las personas trabajadoras dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía a través de plataformas digitales.
Se reconoce la presunción de laboralidad para los trabajadores que presten servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital.
Además de lo anterior, y para todos los ámbitos, la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.
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En un contexto geopolítico incierto e interno insólito, las empresas españolas manifiestan claramente su compromiso con el empleo que se traduce en un ritmo de crecimiento de la afiliación tasado en 76.720 personas y un descenso del desempleo en 48.920.
Son las grandes empresas las principales impulsoras de la creación de empleo. Advierte, además, de que la caída de la afiliación en el campo y el servicio del hogar por las sucesivas subidas del SMI podría agravarse con la reducción de jornada.
CEOE y CEPYME queremos alzar de nuevo la voz en contra de la aprobación del proyecto de Ley para la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas a la semana, por los graves perjuicios que va a ocasionar al tejido empresarial y, en consecuencia, a la economía y el empleo.
Advierte de que la reducción de la jornada laboral será una vuelta de tuerca más en costes y dificultades normativas para la gran mayoría de empresas y sectores.