Comunicado CEOE - CEPYME 30 de julio de 2020
Las organizaciones empresariales lamentamos profundamente la escenificación del acuerdo rubricado hoy entre los Ministerios de Trabajo e Igualdad y los sindicatos, por las desafortunadas declaraciones vertidas sobre los empresarios, y por la utilización que se ha hecho de la igualdad en el ámbito de la empresa para otros fines.
Con el texto finalmente acordado, el Ministerio de Trabajo pretende una reforma laboral encubierta, a través de un reglamento.
Consideramos que esto supone un subterfugio que vulnera una vez más la lealtad que debe imperar en el diálogo social, más aún en cuestiones de una importancia tan crucial como la de la igualdad.
A todos los efectos queremos dejar claro que:
CEOE y CEPYME nunca se han levantado de la mesa de diálogo social de igualdad, sino que hemos trabajado durante muchas jornadas para defender nuestro compromiso con la igualdad real entre hombres y mujeres en las empresas.
Las cuestiones relativas a la igualdad no han sido motivo de discrepancia entre los interlocutores sociales y el Gobierno, puesto que compartimos el compromiso por avanzar hacia la igualdad real entre hombres y mujeres.
Las diferencias han surgido cuando el Ministerio de Trabajo ha introducido, a través del artículo 5.3 del texto relativo a los planes de igualdad en las empresas, elementos que tienen que ver con la ordenación de la representación de los trabajadores en las empresas.
CEOE y CEPYME entendemos que la democracia en las empresas pasa por permitir que las personas trabajadoras negocien y decidan libremente lo que les afecta sin tutelajes.
Además, en los textos finales a los que sorprendentemente no tuvimos acceso hasta las 22:00 horas del día de ayer, incorporan cuestiones que pueden comprometer seriamente la viabilidad futura de muchas empresas en un momento especialmente difícil de la economía.
Así, se obstaculiza el acceso a licitaciones públicas a las empresas que no han negociado los planes de igualdad con los sindicatos, lo que viene a ser una muestra más de la escasa relevancia que para los firmantes tiene la igualdad y sí, en cambio, la prioridad de garantizar la penetración de los sindicatos en las empresas donde no tienen representación.
Esperamos que el Consejo de Estado, cuyo informe se ha obviado de momento, repare en estas cuestiones.
Por último, no se puede olvidar que ambas normas deben limitarse a desarrollar lo expuesto en la Ley de Igualdad sin que puedan existir extralimitaciones, como entendemos que sucede en este caso y que intentaremos combatir por todos los medios, incluido el judicial.
En este sentido, debe quedar claro que la Ley de Igualdad no emplaza al desarrollo de esta cuestión que, sin embargo, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos han abordado, cercenando la capacidad de negociación de las personas trabajadoras en beneficio exclusivamente sindical, siendo por tanto una cuestión “política” de calado la que nos aparta de este acuerdo, completamente ajena a la igualdad con la que las empresas españolas estamos seriamente comprometidos.
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