CEOE: urge recuperar un clima de confianza, predictibilidad y seguridad jurídica que fomente la inversión y el empleo
La evolución del desempleo y de la ocupación en agosto, con 21.884 parados más y 193.704 afiliados menos, se corresponde en términos generales con el comportamiento tradicionalmente negativo del empleo en dicho mes por razones claramente estacionales, agravado por un panorama incierto en el plano nacional e internacional y factores como el aumento de los costes empresariales y la incertidumbre regulatoria.
Así, la incidencia negativa de la situación en la que nos movemos se hace patente en una caída de la afiliación mayor que la producida de media en los meses de agosto del periodo prepandemia -2014 a 2019-, cifrada en 162.056 personas, y en agosto de los tres años precedentes -2021 a 2023-, alcanzando dicha bajada a la gran mayoría de los sectores de actividad y a 13 de las 17 comunidades autónomas, así como a Melilla.
Por su parte, el aumento del paro afecta a los grandes sectores de actividad, salvo la agricultura, y a la generalidad de colectivos y territorios, aunque resulta inferior a la media en dichos años prepandemia, situada en 32.000.
Los datos de afiliación denotan una cierta ralentización en la evolución del mercado laboral, lo que resulta preocupante pues, pese a tener la cifra más baja de paro en un mes de agosto desde 2008, el desempleo se sitúa en España en 2.572.121 personas, con la tasa más alta del entorno europeo, y ello sin tener en cuenta los desempleados con disponibilidad limitada o demanda de empleo específica, que situarían el desempleo real en 3.107.318 personas, lo que supone una anomalía de nuestro mercado laboral que exige priorizar el mantenimiento y la creación de empleo y el refuerzo de las políticas activas de empleo para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras del mercado de trabajo.
No obstante, resulta relevante que el número total de afiliados a la Seguridad Social se aproxima en el mes de agosto a los 21,2 millones, destacando el papel primordial del sector privado como motor del empleo, a pesar de los riesgos e incertidumbres existentes.
Las mujeres rondan los 10 millones de afiliadas, lo que supone casi el 47% del conjunto de los trabajadores, con un crecimiento en términos interanuales por encima de la media al igual que ocurre con el empleo juvenil.
Caen los autónomos en 10.135 personas en agosto, lo que evidencia que nuestro tejido productivo, especialmente las pymes y micropymes que lo componen en su inmensa mayoría, está fuertemente afectado por el incremento de los costes, el exceso de burocracia y la incertidumbre derivada de los continuos anuncios de cambios normativos. De hecho, la gran empresa está compensando la caída de trabajadores en las microempresas, donde el peso del empleo sobre el total desciende del 21,6% en 2019 al 19% en julio de 2024, con crecimientos interanuales que van del -0,73% en las empresas de una a dos personas trabajadoras al 6,56% en las de más de 499 trabajadores, según datos de empresas inscritas en la Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En definitiva, la actividad económica viene mostrando cierta inercia apoyada por los efectos del turismo en la temporada estival, pero la incertidumbre está lastrando las decisiones inversoras de las empresas que afectan al empleo, por lo que cabría temer una pérdida de dinamismo mayor a partir del otoño.
Urge recuperar un clima de confianza, predictibilidad y seguridad jurídica que fomente la inversión, el mantenimiento y la creación de empleo, dejando espacio a la tradicional dinámica de autogestión de los sectores a través de la negociación colectiva. Por lo que reiteramos al Ministerio de Trabajo la necesidad de abandonar el intervencionismo y los continuos anuncios de cambios regulatorios.
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