¿Por qué no se pueden subir más los impuestos en España?

El presidente y el director general del IEE, Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente, han divulgado por segundo año consecutivo en España el informe elaborado por la Tax Foundation de Estados Unidos sobre el Índice de Competitividad Fiscal (ICF). El informe pone en perspectiva los planes fiscales de los países de la OCDE midiendo la competitividad de sus respectivos sistemas tributarios. El ICF permite, por tanto, comparar el diseño de las normas tributarias de las economías desarrolladas, desvelando qué países presentan un sistema más eficiente y favorecedor del crecimiento y evidenciando qué demarcaciones sufren un modelo más obstruccionista y entorpecedor del desarrollo y el progreso socioeconómico, entre las que, lamentablemente, cada vez destaca más España.

Así, en el ICF, España se sitúa en el año 2020 en la posición 27 del total de los 36 países analizados, cuatro puestos más abajo que la posición 23 que ocupaba en 2019, lo que muestra una pérdida notable de competitividad fiscal en nuestro país, que ya se encontraba en posiciones rezagadas en el entorno internacional. Y lo peor es que, de llevarse a cabo las subidas impositivas anunciadas, junto con las ya concretadas, esa posición va a descender todavía más.

Las métricas de presión fiscal bruta aportan una visión miope de la situación de los diferentes sistemas impositivos a nivel global, pues adolece de varias limitaciones. Además, por sus implicaciones en la medición, tiende a sesgar a la baja, de manera errónea, la percepción de la carga fiscal que soportan los ciudadanos y las empresas españolas con respecto a nuestro entorno comparado. Para realizar un análisis más realista de la verdadera carga fiscal que supone un sistema impositivo, deben complementarse, al menos, con tres elementos: los niveles de economía sumergida, el esfuerzo relativo a los niveles de renta de la población, y el nivel de competitividad y neutralidad.

Para este tercer factor, además del Índice Competitividad de la Tax Foundation, el IEE elabora el Indicador de Presión Fiscal Normativa (PFN), basado precisamente en dicho índice, para estimar la carga que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías en términos comparados.

La presión fiscal efectiva (ajustada de economía sumergida) y el esfuerzo fiscal nos equipara a Europa

La economía sumergida deriva en una sobrecarga impositiva para aquellos que sí cumplen las normas fiscales y desvirtúa la ratio de presión fiscal, ya que en el PIB (denominador de la ratio de presión fiscal) se recoge una estimación de economía sumergida. Al ser la economía sumergida estimada en España superior a la del conjunto de la UE (22% vs 13%, respectivamente según el FMI), la ratio de presión fiscal bruta parece ópticamente baja en nuestro país (cosa que no es así).

Cuando se corrige este aspecto, utilizando como referencia el PIB sin tener en cuenta la aportación de la economía sumergida, se observa que la presión fiscal efectiva de España es muy similar a la de la media de la Unión Europea (44,5% vs 45%, respectivamente). De hecho, la presión fiscal efectiva de la Unión Europea y la de España son elevadas en las comparativas internacionales y notablemente superiores a la de otros países de la OCDE, como son Estados Unidos, Japón, Suiza, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda o Canadá, la mayoría de ellos con presiones fiscales efectivas inferiores en más de 10 puntos a la nuestra.

Por tanto, nuestro reto es reducir la economía sumergida para aumentar la recaudación, lo que pasa tanto por mejorar la eficiencia en la lucha contra el fraude fiscal, como por apostar por sistemas fiscales más razonables para los contribuyentes que aumenten el coste de oportunidad de operar en la economía sumergida, una tendencia que se incrementa, no solo con el nivel de tipos impositivos, sino también en coyunturas de crisis económica como la actual.

Por su parte, el esfuerzo fiscal permite comparar la carga que un sistema tributario impone a sus contribuyentes con relación a su renta, ya que se calcula cómo la relación entre la presión fiscal y el PIB per cápita de cada país.  España realiza un esfuerzo fiscal un 6,6% superior al de la Unión Europea, que ya de por sí es bastante elevado en el contexto internacional, muy por encima del de otros países de la OCDE. Entre las grandes economías avanzadas, tan solo Italia presenta un esfuerzo fiscal superior al de nuestro país.

La presión fiscal normativa también es comparativamente más lesiva para España

Un sistema tributario competitivo y neutral promueve unos niveles más altos de crecimiento económico e inversión, mientras que uno no competitivo, ineficiente y distorsionador los perjudica. Entendiendo por competitivo el mantenimiento de unos tipos marginales en niveles bajos, y, entendiendo por neutral, la capacidad de canalizar la recaudación con el menor grado de distorsiones posibles sobre las decisiones de los agentes y con unas reglas que sean de aplicación clara, sencilla y general. Esto es lo que pretende medir el Indicador de Presión Fiscal Normativa, elaborado por el IEE con base en el Índice de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation.

La presión fiscal normativa para España se sitúa en 110,5 puntos, es decir, es un 10,5% más elevada que la media de la UE, y también superior a los 108,1 puntos del año 2019, lo que muestra un cierto deterioro de la competitividad fiscal en el último año. Este empeoramiento también se refleja en el descenso desde la posición 23 hasta la 27 (de los 36 países analizados), en cuanto a una presión fiscal normativa más elevada. La situación de España es también un 9,4% peor a la del promedio de los países de la OCDE, y muy alejada de las primeras posiciones que ocupan Estonia, Letonia y Nueva Zelanda.

La carga fiscal para las empresas es muy elevada con independencia del indicador utilizado

Ya la presión fiscal empresarial bruta, incluso con todas sus limitaciones como indicador, es en España sensiblemente superior a la del conjunto de la Unión Europea, alcanzando en 2018 el 11,1% del PIB en España frente al 9,6% en la UE. Si, además, se realiza el ajuste por el peso de la economía sumergida, se obtiene que las diferencias con Europa en la presión fiscal empresarial son aún mayores, con una carga efectiva que soportan las empresas españolas, del 14,2% del PIB, la séptima mayor de los países analizados y superior en más de 3 puntos a la de la UE (11,1%).

Si la presión fiscal normativa general en España es ya muy superior a nuestros homólogos, en el que caso de la presión fiscal normativa sobre el Impuesto sobre Sociedades, el gap es aún mayor: la Presión Fiscal Normativa sobre el IS es un 22,6% más elevada que la media de la Unión Europea, y un 15,8% superior al del promedio de la OCDE. De nuevo, se ha producido un sensible empeoramiento frente a los resultados de 2019, donde España mostraba una presión fiscal normativa sobre el Impuesto sobre Sociedades un 16% mayor que la de la Unión Europea, y su lugar en el ranking ha bajado desde el puesto 22 a la posición 28, de 36 países analizados (OCDE).

En el ámbito de la imposición patrimonial, la situación de España es todavía, si cabe, más onerosa, y tiene una de las posiciones competitivas más débiles en este ámbito (presentando el segundo peor resultado, tan solo por detrás de Italia, de los 36 países analizados). En concreto, la presión fiscal normativa sobre la imposición patrimonial en España es un 40,9% peor que la de la UE, y un 39% menos competitiva que el promedio de la OCDE.

Por su parte, la cuña fiscal, que mide la diferencia entre el coste laboral que supone para la empresa tener un trabajador contratado y el salario neto final que recibe dicho trabajador, se sitúa en España en el 39,5% en 2019, o, dicho de otro modo, el salario neto que finalmente recibe el empleado constituye el 60,5% del coste laboral. España se sitúa claramente por encima de la media de la OCDE, que es del 36,0%, en la posición 15 de 36 analizados.

La cuña fiscal se calcula como el porcentaje del coste laboral que suponen las retenciones sobre las rentas del trabajo que se destinan para el Impuesto sobre la Renta y, además, las cotizaciones a la Seguridad Social (tanto las pagadas por parte de la empresa como las pagadas por parte del trabajador). De estos tres elementos, la mayor cuña fiscal en España viene explicada por las cotizaciones sociales a cargo de las empresas, que son significativamente más elevadas en nuestro país (es el séptimo país con este coste más alto), mientras que España se sitúa entre los países con menores impuestos sobre la renta y cotizaciones sociales a cargo del trabajador, en términos relativos al salario bruto, que la media de la OCDE.

Ello supone mayores costes laborales para las empresas, lo que provoca un deterioro de la competitividad de la economía e incidir negativamente sobre la generación de empleo. Hay estimaciones que apuntan a que la elasticidad del empleo con respecto al coste laboral es -0,37, es decir: un aumento del coste laboral del 1% se traduce en una reducción del -0,37% en el empleo.

A propósito del argumento de la progresividad fiscal: ya es muy elevada en España con relación a nuestro entorno comparado

España se sitúa, según el indicador de progresividad elaborado por el IEE a partir del análisis de la OCDE, entre los países donde el impuesto sobre la renta es más progresivo (117,1). En concreto, en octavo lugar de un total de veintidós analizados, superando tanto a la media de la UE (100) como la media de la OCDE (111,4). Así, según este indicador, en España el impuesto sobre la renta es un 17% más progresivo que el promedio de la UE.

Esta mayor progresividad en España debería ser tenida en cuenta a la hora de modificar la estructura del IRPF, ya que las presuntas mejoras de la equidad deben guardar un equilibrio con respecto a criterios de la eficiencia económica. La discriminación fiscal que implica una progresividad muy acentuada en los tramos más altos de la renta penaliza la atracción y retención de talento y al capital humano más productivo, que pueden trasladarse a otros países con menor tributación (movimiento muy accesible ahora por la posibilidad mayoritaria de teletrabajar que otorga una mayor libertad en la prestación de servicios).

Recomendaciones del IEE: No hay nada más inoportuno en la actual coyuntura que subir impuestos

Subir impuestos en un contexto de recesión como el actual es especialmente inoportuno y contraproducente, ya que supondría retardar, cuando no imposibilitar, las posibilidades de recuperación económica de nuestro país. Las alzas impositivas deprimen la oferta productiva y el consumo, justo lo contrario de lo que requiere la economía española, y deterioran las expectativas de los agentes, provocando una degradación de la confianza, que es el pilar fundamental sobre el que apoyar la recuperación. No es casualidad que la respuesta a la pandemia del COVID-19 de algunas de las principales economías de la OCDE, como Alemania, Francia, Italia o Estados Unidos, ha estado marcada por la tendencia a reducir el nivel de impuestos, salvo en España, que comienza a ser una excepción dentro de su entorno.

Como se demuestra en el informe, los argumentos que suelen esgrimirse para justificar subidas impositivas en España desvirtúan la verdadera carga fiscal que soportan estos agentes. Ni la presión fiscal es baja cuando se ajusta por los niveles de economía sumergida o por el nivel de renta, o cuando se incorporan las ineficiencias y distorsiones del sistema impositivo a través de la presión fiscal normativa;  ni las empresas pagan pocos impuestos, pues soportan una carga fiscal superior a la media de nuestro entorno comparado en cualquiera de los indicadores utilizados; ni tampoco los grandes patrimonios y rentas contribuyen poco: los primeros soportan una presión fiscal normativa prácticamente sin parangón entre las economías avanzadas, mientras que con respecto a los segundos, están sujetos a una progresividad que es de las más elevadas con respecto a los principales países de nuestro entorno.

De cara al futuro, y una vez que hayamos dejado atrás la presente crisis, es prioritario recuperar la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas, que debe producirse a través de una contención y mejora de la eficiencia del gasto y nunca a través de subidas impositivas que comprometen el crecimiento y, por lo tanto, la propia consolidación presupuestaria. En un momento de profunda crisis como el presente, y más aún en una economía abierta y con movilidad de factores como España, la única forma de aumentar de forma sostenible nuestra recaudación impositiva pasa por favorecer la recuperación de la actividad.  Para ello, nuestro objetivo debiera ser tener una fiscalidad competitiva y homologada con nuestro entorno para favorecer la actividad, la inversión empresarial y el empleo, lo cual pasa por mitigar nuestra excesiva tributación del capital en general y sobre la empresa en particular, que es justo lo contrario de lo que equivocada e inoportunamente se plantea.