La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el proveedor de servicios de paquetería y transporte General Logistics Systems Spain S.A. (GLS Spain) han renovado su acuerdo de cooperación. El 27 de octubre de 2020, Luis Doncel Fernández, General Manager Iberia de GLS, y José Alberto González-Ruiz Martínez, Secretario General de la CEOE sellaron, con su firma, el acuerdo de colaboración entre ambas entidades
Con este acuerdo de renovación, GLS Spain, que cuenta con una Red nacional de más de 460 empresarios colaboradores de alcance europeo, mantiene su voluntad de reforzar su oferta de servicios, no solo a grandes empresas, sino también a las pequeñas y medianas empresas del país. Para lograr este objetivo, la empresa se vincula con organizaciones empresariales que trabajan para crear un mercado más desarrollado y eficiente, más ecológico y más cercano al tejido industrial local de nuestro país. GLS Spain ofrece, de igual modo, soluciones de envío integrales y adecuadas para toda Europa y promueve su oferta a las empresas locales que necesitan socios para el comercio y la exportación de sus productos con alta calidad en el mercado europeo. En la actualidad, la oferta de servicios de GLS Spain a las PYMES que desean expandir su negocio es un elemento importante que les permite desarrollar sus modelos de venta tradicionales.
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Toledo se ha convertido hoy en el epicentro del comercio español con la celebración del 6º Encuentro Comercio CEOE-C4, que ha reunido a representantes de sus principales organizaciones empresariales, empresas y responsables institucionales para analizar los retos y oportunidades de un sector clave para la economía y la cohesión social del país.
Durante su intervención, bajo el título Preparando los próximos 100 años, Albert Magrans ha hecho un recorrido por la historia de Roca Group, que ha cumplido 109 años desde su fundación y está presente con sus productos en los hogares de los españoles.
Los sectores afectados se han comprometido a trabajar, desde la unidad, en una hoja de ruta común que permita avanzar en un marco regulatorio más eficaz para resolver un problema cuyo impacto económico se sitúa en torno a los 3.700 millones de euros y afecta a 180.000 empleos.