La Federación Empresarial Española de Seguridad (FES), la asociación más representativa de la pequeña y mediana empresa de seguridad a nivel nacional, ha ingresado en CEOE. Con este motivo, su presidente, Mariano Agüero, ha tenido la oportunidad de mantener una reunión presencial con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, en la que también ha estado presente el director de FES, Jorge Salgueiro.
Los representantes de FES han mostrado su apoyo al presidente de CEOE respecto de la negociación llevada a cabo por CEOE y Cepyme con el Gobierno de España sobre la reforma laboral y le han requerido una clara implicación y participación de CEOE en la reconversión del mercado de la seguridad privada ante la transformación digital.
Para FES es fundamental contar con el apoyo de CEOE y Cepyme a la hora de divulgar el alcance e importancia del sector empresarial de la seguridad privada dentro de nuestro modelo de la seguridad nacional, aprovechar las ayudas y fondos europeos destinados al cambio de modelo productivo español y legitimar una posible actualización del marco normativo de dichas empresas para satisfacer de forma real y eficaz las necesidades planteadas por los usuarios contratistas de dichos servicios.
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Con el objetivo de reforzar la presencia y representación de las mujeres rurales y empresarias del entorno rural, así como para fortalecer su interlocución con la Administración.
Toledo se ha convertido hoy en el epicentro del comercio español con la celebración del 6º Encuentro Comercio CEOE-C4, que ha reunido a representantes de sus principales organizaciones empresariales, empresas y responsables institucionales para analizar los retos y oportunidades de un sector clave para la economía y la cohesión social del país.
Durante su intervención, bajo el título Preparando los próximos 100 años, Albert Magrans ha hecho un recorrido por la historia de Roca Group, que ha cumplido 109 años desde su fundación y está presente con sus productos en los hogares de los españoles.
Los sectores afectados se han comprometido a trabajar, desde la unidad, en una hoja de ruta común que permita avanzar en un marco regulatorio más eficaz para resolver un problema cuyo impacto económico se sitúa en torno a los 3.700 millones de euros y afecta a 180.000 empleos.