CEOE Aragón celebrará esta semana una Asamblea General Extraordinaria en la que Ricardo Mur relevará como presidente a Fernando Callizo
Contará con los presidentes del Gobierno de Aragón y CEOE nacional
Tras algo más de cinco año al frente de la Confederación de Empresarios de Aragón, Fernando Callizo dejará la Presidencia de CEOE Aragón el próximo jueves, 14 de marzo. Ese día y en Asamblea General Extraordinaria, será nombrado Presidente Ricardo Mur, actual vicepresidente de CEOE Aragón y Presidente de CEOE Zaragoza.
Este relevo en la Presidencia de CEOE Aragón se encuadra dentro del proceso de integración de las organizaciones empresariales aragonesas, refrendado por la Asamblea de CEOE Aragón en 2016, tras el acuerdo suscrito por las organizaciones empresariales provinciales (CEOS CEPYME Huesca, CEOE Teruel y CEOE Zaragoza).
La Asamblea General Extraordinaria reunirá a una amplia representación empresarial, económica y social de la Comunidad Autónoma, encabezada por el Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Contará, así mismo, con los presidentes nacionales de CEOE, Antonio Garamendi, y CEPYME, Gerardo Cuerva.
Actualidad relacionada
Toledo se ha convertido hoy en el epicentro del comercio español con la celebración del 6º Encuentro Comercio CEOE-C4, que ha reunido a representantes de sus principales organizaciones empresariales, empresas y responsables institucionales para analizar los retos y oportunidades de un sector clave para la economía y la cohesión social del país.
Durante su intervención, bajo el título Preparando los próximos 100 años, Albert Magrans ha hecho un recorrido por la historia de Roca Group, que ha cumplido 109 años desde su fundación y está presente con sus productos en los hogares de los españoles.
Los sectores afectados se han comprometido a trabajar, desde la unidad, en una hoja de ruta común que permita avanzar en un marco regulatorio más eficaz para resolver un problema cuyo impacto económico se sitúa en torno a los 3.700 millones de euros y afecta a 180.000 empleos.
Entra en vigor la Ley Orgánica en materia de multirreincidencia que endurece la respuesta penal que establece penas de prisión de entre seis y 18 meses e introduce agravantes para el robo de teléfonos móviles y otros dispositivos con datos personales.