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26 Mar 2019

CAEB califica de “grave error” y de “engaño a los ciudadanos” la propuesta de Cort de crear una comercializadora energética pública municipal

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) califica de grave error y engaño a los ciudadanos la propuesta del Ayuntamiento de Palma de crear una comercializadora energética pública municipal, considerándola una ocurrencia marcada por un evidente enfoque electoralista. 

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CAEB señala que se trata de un despropósito que los responsables municipales han presentado faltando a la verdad, tanto por inflar de forma exagerada e irreal la previsión de ahorro, como por ocultar a los ciudadanos los riesgos que comporta una actividad, que en el mejor de los casos conlleva un escaso margen de beneficio, pero que encierra un riesgo muy elevado de generar grandes pérdidas que deberán ser cubiertas gravando con más impuestos a los ciudadanos.CAEB considera que el Ayuntamiento tiene un amplio espacio de mejora en el que la clave debe ser la implantación de una correcta estrategia municipal de gestión de la energía y no la creación de una comercializadora pública, entendiendo que la administración está para gestionar con eficacia y con eficiencia, no para montar empresas.La Confederación señala asimismo que los responsables municipales demuestran adolecer de un conocimiento profundo sobre la materia que les permita ver que la actividad de comercialización es el eslabón más débil y arriesgado de la cadena energética.No en vano, los operadores independientes tienen grandes dificultades para mantener la actividad y las empresas verticalmente integradas compensan las pérdidas en la comercialización de energía con los beneficios que reportan otras actividades como son la generación y la distribución que, en todo caso, quedarían fuera de la actividad municipal. 

Una actividad con altos riesgos

La comercialización es una actividad de riesgo ya que supone comprar energía a un precio variable vendiéndola a un precio fijo y preestablecido con mucha antelación, lo que impide tener certeza sobre el comportamiento del mercado ya sea por la climatología -viento y lluvias que condicionen la generación eólica e hidráulica, temperaturas cálidas u olas de frío que bajen o suban la demanda-, el precio de las materias primas –carbón, petróleo y gas– en los mercados internacionales condicionados por la geopolítica mundial, los derechos de emisión de CO2, etcétera, por lo que hay un riesgo de mercado muy elevado en cuanto a la hora de fijar el precio de la energía al cliente final.Además, el comercializador tiene que pagar por adelantado todos los costes de la energía, así como los peajes, impuestos y tasas que se pagan en la factura.Además, debe participar económicamente del Fondo Nacional de Eficiencia Energética para dotar de recursos al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), y cargar también el coste de financiación del bono social eléctrico y de los impagos de las facturas de los clientes vulnerables. Asimismo, debe cubrir todos los costes de captación, costes administrativos y operativos.Por todo ello, la empresa comercializadora afronta unos costes muy elevados para obtener, en el mejor de los casos, un beneficio mínimo, siendo muy alto el riesgo de incurrir en grandes pérdidas.Por consiguiente, ante la evidente ausencia de sentido económico de la propuesta del Ayuntamiento de Palma de crear una comercializadora pública municipal, CAEB alerta sobre sus riesgos y costes ya que no irían contra el patrimonio de empresas o de sus accionistas, sino contra los Presupuestos del Ayuntamiento y, por tanto, de todos los ciudadanos, entre quienes se socializarían las pérdidas con independencia de si son clientes o no de dicha comercializadora.CAEB señala que no es una inversión que conlleve ahorros con respecto a la factura actual sino que, al contrario, es posible que fruto de su inexperiencia, la comercializadora municipal incurra en desvíos en la compra de energía y en sus previsiones de demanda, que carezcan de estrategias de gestión de la energía para cubrir parte de la demanda con coberturas o productos de futuro, y que finalmente el Ayuntamiento, y los ciudadanos, se vean más expuestos a los riesgos de mercado y por tanto incurran en más gastos de lo que supondría abrir un concurso público y que los suministros se adjudiquen a la comercializadora económicamente más eficiente.

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