Comunicado CEOE-CEPYME
CEOE y Cepyme queremos poner en valor una vez más el acuerdo firmado este lunes en el Palacio de la Moncloa, fruto del diálogo social, por cuanto prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) más allá del actual estado de alarma.
En todo caso, especialmente relevante es el hecho de que se abra de esta forma un nuevo proceso de negociación para ampliar el acompañamiento a las empresas y personas trabajadoras más afectadas más allá del mes de junio.
Las empresas españolas se han visto duramente golpeadas por la crisis del COVID-19, que ha dejado a muchas de ellas en una situación desesperada.
El proceso de recuperación en estos casos será lento, más que la propia desescalada, por lo que insistimos en la necesidad de buscar nuevas vías para garantizar la supervivencia de los sectores más golpeados, de sus empresas y sus plantillas hasta la recuperación total de su actividad.
En este sentido, desde CEOE y Cepyme instamos al Gobierno a reunirnos de nuevo, a la mayor brevedad, para abordar sin demora las medidas necesarias y específicas que van a requerir estos sectores para que la cobertura del acuerdo hoy firmado sea completa.
Actualidad relacionada
Advierte de que la reducción de la jornada laboral será una vuelta de tuerca más en costes y dificultades normativas para la gran mayoría de empresas y sectores.
Este miércoles se ha celebrado la primera reunión de la comisión para evaluar la reducción de la temporalidad en el marco de la reforma laboral de 2021. En una convocatoria teñida de nuevo de oportunismo político en la antesala del Primero de Mayo, tenemos que lamentar el alcance de los planteamientos y la estigmatización que se ha hecho de empresas y sectores por parte del Ministerio de Trabajo.
CEOE quiere mostrar su más profundo rechazo ante el anuncio de la ministra de Trabajo de aprobar en el Consejo de Ministros del 29 de abril, en la antesala del Primero de Mayo y con evidente oportunismo político, el proyecto de Ley sobre reducción de jornada laboral.
CEOE considera esencial priorizar la protección de las empresas más pequeñas, mayoritarias en el tejido productivo español, evitando mayores costes, cargas y gravámenes que puedan lastrar su competitividad y, por ende, la creación de empleo.