Los empresarios de Cádiz defienden el diálogo social frente a los decretos unilaterales del Gobierno
El comité ejecutivo de los empresarios de la provincia pide que reformas laborales se adopten con consenso y fuera de periodos electorales
La Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz se ha sumado a la petición de las organizaciones andaluza y nacional, CEA y CEOE-CEPYME, respectivamente, para que el Gobierno de la nación respete “el diálogo social como mecanismo de los cambios que afecten a trabajadores y empresas”, ha señalado su presidente, Javier Sánchez Rojas.
El comité ejecutivo de la CEC, reunido en Cádiz, ha mostrado su preocupación por los anuncios del Gobierno de llevar a cabo reformas laborales, vía Real Decreto, pocos días antes de la disolución de las cámaras legislativas del Congreso y el Senado, “donde deben debatirse las leyes, especialmente las de gran calado como éstas, después de las elecciones”, ha agregado Sánchez Rojas.
“Previamente a cualquier propuesta de Ley, sus contenidos deben contar, además, con el consenso de los representantes sociales, sindicatos y empresarios, en la Mesa para el Diálogo Social”, ha manifestado el presidente de la CEC tras el comité ejecutivo, que ha valorado como “muy negativo” el abuso, por parte del Gobierno, de la figura del Real Decreto, “especialmente cuando ya se ha anunciado la disolución de las Cortes”.
La CEC ha incidido en los resultados negativos de los acuerdos unilaterales del Gobierno en materia laboral, al margen del diálogo social, recordando el efecto que está teniendo la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional en la creación de empleo. “Los empresarios no nos oponemos a la mejora de las condiciones de los trabajadores, pero las medidas deben adoptarse de manera progresiva, como propusimos y acordamos con los sindicatos, no en una sola vez y con un incremento inasumible, por encima del 20 por ciento”, mantiene Javier Sánchez Rojas.
El órgano de gobierno de la CEC ha reiterado que las decisiones de gran calado político y social, que necesitan de consenso, se adopten al margen de los periodos electorales como en el que España afronta en la actualidad hasta las elecciones del 28 de abril.
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