El Gobierno y los agentes sociales acuerdan prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre
El Gobierno, los empresarios y los sindicatos han acordado prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y han cerrado un acuerdo que estará en vigor desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre.

El Gobierno, los empresarios y los sindicatos han acordado prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y han cerrado un acuerdo que estará en vigor desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre.
El Comité Ejecutivo extraordinario de CEOE celebrado este miércoles dio el visto bueno por unanimidad a la última propuesta remitida por el Gobierno sobre los ERTE al entender que se adecúa a las necesidades de las empresas, especialmente para aquellas que se encuentran en peor situación y tienen peores perspectivas para los próximos meses.
El acuerdo abre un nuevo periodo hasta el 30 de septiembre que requerirá pulsar hasta entonces la evolución de la pandemia y de la crisis económica para prolongar o adoptar, en su caso, nuevas medidas de apoyo.
Actualidad relacionada
CEOE y CEPYME quieren agradecer a los grupos parlamentarios el rechazo del proyecto de Ley de reducción de jornada, que es plenamente coherente con la ausencia de resultados en el diálogo social.
CEOE ha advertido de que la incertidumbre está afectando negativamente a las decisiones de inversión empresarial, lo que puede traducirse en una pérdida de dinamismo más acusada a partir del otoño, tras publicarse los datos de paro registrado del mes de agosto.
CEOE avisa de una ralentización en la creación de empleo y en la reducción del paro que se enmarca en una desaceleración de la actividad, marcada por la reducción de las horas trabajadas y la caída en la productividad por ocupado, tras publicarse este lunes los datos de paro y afiliación del mes de julio.
Tras la reciente aprobación del Real Decreto-ley sobre la ampliación del permiso parental, CEOE y CEPYME lamentamos que, una vez más, el Gobierno esté adoptando medidas de impacto para las empresas sin contar con los interlocutores sociales y sin respetar los cauces del diálogo social.