El Gobierno y los agentes sociales acuerdan prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre
El Gobierno, los empresarios y los sindicatos han acordado prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y han cerrado un acuerdo que estará en vigor desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre.

El Gobierno, los empresarios y los sindicatos han acordado prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y han cerrado un acuerdo que estará en vigor desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre.
El Comité Ejecutivo extraordinario de CEOE celebrado este miércoles dio el visto bueno por unanimidad a la última propuesta remitida por el Gobierno sobre los ERTE al entender que se adecúa a las necesidades de las empresas, especialmente para aquellas que se encuentran en peor situación y tienen peores perspectivas para los próximos meses.
El acuerdo abre un nuevo periodo hasta el 30 de septiembre que requerirá pulsar hasta entonces la evolución de la pandemia y de la crisis económica para prolongar o adoptar, en su caso, nuevas medidas de apoyo.
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Madrid, 31 de julio de 2025
Tras la reciente aprobación del Real Decreto-ley sobre la ampliación del permiso parental, CEOE y CEPYME lamentamos que, una vez más, el Gobierno esté adoptando medidas de impacto para las empresas sin contar con los interlocutores sociales y sin respetar los cauces del diálogo social. Esta medida, que se ha tomado sin previa consulta a empresarios y sindicatos, es un ejemplo más de una dinámica preocupante que ignora el modelo de concertación social que ha sido clave en la estabilidad económica y social de nuestro país desde el comienzo de la democracia.
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Son las grandes empresas las principales impulsoras de la creación de empleo. Advierte, además, de que la caída de la afiliación en el campo y el servicio del hogar por las sucesivas subidas del SMI podría agravarse con la reducción de jornada.
CEOE y CEPYME queremos alzar de nuevo la voz en contra de la aprobación del proyecto de Ley para la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas a la semana, por los graves perjuicios que va a ocasionar al tejido empresarial y, en consecuencia, a la economía y el empleo.