Comunicado de CEOE, CEPYME y ATA sobre pensiones
CEOE, CEPYME y ATA mostramos nuestra más frontal oposición ante la propuesta de reforma del sistema público de pensiones planteada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el pasado 10 de marzo.
El sostenimiento del sistema se hace recaer en los trabajadores y las empresas del país mediante una subida generalizada de cotizaciones que mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales, poniendo en peligro la creación de empleo.
La propuesta que se pretende aprobar, sin perjuicio de un análisis exhaustivo del documento entregado, es regresiva en toda su extensión porque implica más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión.
Resulta inconcebible, por otra parte, que el Gobierno afronte la reforma del sistema de pensiones sin el necesario debate y diálogo social, tras alcanzar un acuerdo con Europa en una cesión de soberanía sin precedentes. Así, la propuesta vulnera el necesario debate que tenía que haber tenido lugar en el Pacto de Toledo y no va acompañada del análisis de impacto que llevamos reclamando los interlocutores sociales desde el verano.
Esta es la postura de las empresas y trabajadores autónomos, tras haber acudido a la reunión del diálogo social de hoy, 10 de marzo, en un ejercicio de responsabilidad, con una convocatoria recibida en la víspera y sin documentación previa de la propuesta que, sin embargo, sí hemos visto reflejada en los medios de comunicación antes del comienzo de la reunión, y todo ello después de meses de ausencia de diálogo por parte del Ministerio.
Insistimos en que la voracidad recaudatoria del Gobierno, a través de propuestas populistas como esta, socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales, ya que los trabajadores, con mayor carga por el lado de sus cotizaciones, verán absorbidos parte de los incrementos en su retribución.
Esta propuesta, por último, pone en serio riesgo a las pequeñas empresas y autónomos, que son la mayoría del tejido productivo del país, con menor músculo financiero y con costes crecientes --energéticos, materias primas, financieros, alquileres, hipotecas, fiscales y salariales--, con el consiguiente efecto negativo para la creación de empleo.
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