Los empresarios de Extremadura ven "positiva pero insuficiente" la nueva ley para una Administración más ágil

Según el resumen realizado por el secretario general de la CREEX, Javier Peinado, “hemos subido un escalón, pero quedan muchos más tramos, muchos más escalones”. Peinado ha agregado: “pese a nuestra implicación y a la empatía que ha venido mostrando la Junta de Extremadura, no hemos logrado que se eliminen todas las cargas administrativas que tanto lastran la generación de nuevas empresas y el crecimiento de las que ya están instaladas”.

El secretario general de la CREEX ha asegurado que “no es nuestra ley, por temas de obstáculos jurídicos se ha quedado muy corta para las expectativas creadas hace dos años cuando empezamos a trabajar sobre el texto en el ámbito de la concertación social”.

Como aspectos donde se debería haber mejorado, Javier Peinado ha aludido a que se podían haber matizado las cuestiones relativas a grandes proyectos. “Nuestra posición, y así lo trasladamos al PSOE, es que se puso el listón demasiado alto, con exigencias de 20 millones de inversión y creación de 50 empleos, y propusimos corregir para que no se diese cabida solamente a proyectos elitistas, situando ese mínimo, por ejemplo, en 5 millones de inversión y creación de 10 empleos”, ha explicado, para añadir: “nos ha parecido un error la enmienda del PP de eliminar ese capítulo, y así tengo que decirlo”.

El dirigente empresarial ha lamentado que la ‘aritmética parlamentaria’ haya obligado a retirar “una cuestión positiva, como era la de la competencia regional en determinados proyectos, porque al dejarlo en manos de los ayuntamientos vemos que se genera un ‘subasteo’ entre territorios para captar inversiones”.

Según ha manifestado, desde la CREEX se apostaba por “deslocalizar el poder decisión y llevarlo al ámbito autonómico, desde donde se podría estructurar de manera más eficaz el organigrama productivo de nuevos proyectos de inversión, evitando la presión a que se ven abocados muchos pequeños municipios cuando llega un gran proyecto, forzando su planificación urbanística”.

Esta presión se hubiese eludido “si el ámbito de decisión fuese el de la Comunidad Autónoma, sería más eficiente, y eso es velar por el interés común, por el bien de la ciudadanía y sus derechos: sin tener que desautorizar al poder local, que ciertas decisiones según volumen de proyecto recaigan en el poder autonómico no quita garantías, sino al contrario”.

Para Javier Peinado, esta hubiese sido el escenario más eficiente “pero la aritmética parlamentaria manda, obliga a ceder y consensuar”. Como aspectos positivos “para las empresas y también para la propia ciudadanía en sus gestiones”, el secretario general de la CREEX ha citado la ampliación de plazos del silencio administrativo y la simplificación de algunos procedimientos.

En su resumen-conclusión final, Peinado ha indicado: “bienvenido el texto que en algo va a ayudar, pero desde mañana el sector empresarial va a reivindicar que no es suficiente para eliminar la excesiva carga administrativa, que existe aquí y en otras regiones, bien es cierto, como también lo es que debemos tener en cuenta que en nuestra región se añaden ciertas rémoras que nos sitúan en posición de desigualdad”.