CEOE-CEPYME Cantabria celebra el lunes la Junta Extraordinaria que deberá iniciar el proceso electoral tras la renuncia de Lorenzo Vidal de la Peña
La renuncia de Lorenzo Vidal de la Peña a la Presidencia de CEOE-CEPYME Cantabria para incorporarse activamente a la vida política abre el proceso que debe concluir con la elección de del empresario o empresaria que liderará la organización durante los próximos cuatro años.
Para ello se ha convocado una Junta Extraordinaria que se celebrará el lunes 1 de abril a las 13 horas. En ella se procederá a la disolución de la Junta de Directiva y a la constitución de la Junta Electoral.
También el lunes se establecerá ele calendario electoral que previsiblemente fije en abril la fecha para la celebración de las elecciones de las que deberá salir el nuevo representante del empresariado cántabro.
Lorenzo Vidal de Peña asumió la presidencia de CEOE-CEPYME Cantabria en enero de 2015 siendo el único candidato con el aval del empresariado. Revalido el cargo en noviembre de 2018 igualmente con mayoría absoluta.
Actualidad relacionada
Toledo se ha convertido hoy en el epicentro del comercio español con la celebración del 6º Encuentro Comercio CEOE-C4, que ha reunido a representantes de sus principales organizaciones empresariales, empresas y responsables institucionales para analizar los retos y oportunidades de un sector clave para la economía y la cohesión social del país.
Durante su intervención, bajo el título Preparando los próximos 100 años, Albert Magrans ha hecho un recorrido por la historia de Roca Group, que ha cumplido 109 años desde su fundación y está presente con sus productos en los hogares de los españoles.
Los sectores afectados se han comprometido a trabajar, desde la unidad, en una hoja de ruta común que permita avanzar en un marco regulatorio más eficaz para resolver un problema cuyo impacto económico se sitúa en torno a los 3.700 millones de euros y afecta a 180.000 empleos.
Entra en vigor la Ley Orgánica en materia de multirreincidencia que endurece la respuesta penal que establece penas de prisión de entre seis y 18 meses e introduce agravantes para el robo de teléfonos móviles y otros dispositivos con datos personales.