CEOE Aragón considera una gran noticia que Opel España fabrique el nuevo Corsa
La Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón) ha manifestado su satisfacción por el anuncio, efectuado hoy por la empresa, de que Opel España fabricará a partir de 2019 en exclusiva la nueva generación del Corsa. La planta de Figueruelas se convertirá, además en 2020, en la primera de la marca en Europa en producir un vehículo 100% eléctrico.
Para la patronal aragonesa, "la decisión, que supone una apuesta de futuro por la planta aragonesa, es si cabe más importante después de la incertidumbre vivida hace unas semanas, y la mejor respuesta al acuerdo alcanzado sobre el convenio colectivo y la responsabilidad que ha marcado la actuación de trabajadores y empresa en la fábrica".
CEOE Aragón confía en que el desarrollo en I+D y el aumento de la actividad aparejado a este nuevo modelo también "repercuta positivamente tanto en el resto del sector de automóvil en Aragón y sus empresas auxiliares, como en el conjunto de los sectores productivos de la Comunidad Autónoma, dada la importancia y el efecto tractor de este sector en nuestra economía", según señala en un comunicado.
Actualidad relacionada
Con el objetivo de reforzar la presencia y representación de las mujeres rurales y empresarias del entorno rural, así como para fortalecer su interlocución con la Administración.
Toledo se ha convertido hoy en el epicentro del comercio español con la celebración del 6º Encuentro Comercio CEOE-C4, que ha reunido a representantes de sus principales organizaciones empresariales, empresas y responsables institucionales para analizar los retos y oportunidades de un sector clave para la economía y la cohesión social del país.
Durante su intervención, bajo el título Preparando los próximos 100 años, Albert Magrans ha hecho un recorrido por la historia de Roca Group, que ha cumplido 109 años desde su fundación y está presente con sus productos en los hogares de los españoles.
Los sectores afectados se han comprometido a trabajar, desde la unidad, en una hoja de ruta común que permita avanzar en un marco regulatorio más eficaz para resolver un problema cuyo impacto económico se sitúa en torno a los 3.700 millones de euros y afecta a 180.000 empleos.