El aumento del paro y la caída de la afiliación llaman a la prudencia ante el esperado impacto de la inflación sobre la economía

Si bien es cierto que el comportamiento de la afiliación y el desempleo es cuantitativamente similar al de otros agostos, la pérdida de cotizantes del último día de mes marca un máximo histórico de 409.429 empleos destruidos, la cifra más alta desde 1982.

Esta misma desaceleración de los afiliados se advierte, como hemos venido avisando estos meses, desde abril, cuando se alcanzó una tasa interanual del 5,1%, mientras que en agosto dicha tasa se sitúa en el 3,5%.

Se trata de una diferencia de 1,6 puntos porcentuales que refleja el proceso de moderación de la actividad económica al que nos venimos refiriendo, que inevitablemente afectará al empleo.

Este hecho es especialmente grave si tenemos en cuenta que la tasa de desempleo en España, según datos de Eurostat publicados ayer, se situó en el 12,6% en el mes de julio, siendo la más alta de la UE y duplicando su media del 6,6%, lo que llama a la prudencia.

Así, desde una visión más global, los indicadores económicos ya reflejan cómo la escalada de la inflación hasta niveles de dos dígitos está impactando de forma significativa en el bolsillo de los ciudadanos y en la actividad de las empresas. 

Por ello, desde CEOE consideramos que es preciso poner el foco en el entorno económico y su evolución, para evitar el deterioro del empleo en el medio plazo, y dedicar nuestros esfuerzos a sostener la marcha de la economía, que tiene en las empresas y las familias dos pilares fundamentales.

Al igual que las familias, las empresas, en su mayoría pymes y autónomos, están padeciendo la inflación puesto que aumentan sus costes y, en la mayoría de los casos, no pueden trasladarlos a los precios finales abocándoles a una situación especialmente complicada.

El aumento de la inflación ya está produciendo, en cambio, una mayor recaudación por impuestos, que acabará el año en máximos históricos.

Sin embargo, la Administración continúa planteando políticas de gasto que introducen más presión sobre la deuda pública, en un escenario de subida de tipos de interés, ahondando en la vulnerabilidad de la economía, al tiempo que aumenta aún más la carga fiscal sobre las empresas, como han denunciado también ante Europa los empresarios europeos, agrupados en BusinessEurope, a propósito de los nuevos impuestos. 

En su lugar, el Ejecutivo podría optar por dedicar los ingresos tributarios extraordinarios a dotar de más ayudas a los ciudadanos y al tejido productivo, es decir, a sostener la marcha de la economía y el empleo.

Como ya vaticinan algunos servicios de estudios, la economía española se asoma a una importante crisis, en la que la merma de la competitividad de las empresas y el estrechamiento de sus márgenes podrían desembocar en un deterioro aún mayor del empleo en el medio plazo.

Para frenar este proceso y propiciar la recuperación es fundamental actuar sobre los factores que están ejerciendo la actual presión inflacionista y compensar su efecto entre los sectores que más la están sufriendo, como el de la industria, un ámbito estratégico para la economía y que es motor de crecimiento, por su efecto tractor para las pequeñas y medianas empresas y la calidad del empleo que genera.

En este sentido, es preciso buscar soluciones a la escalada de los precios energéticos que están consiguiendo paralizar ya muchas plantas del sector industrial (electrointensivas, cogeneración…) y a los problemas que persisten en las cadenas de suministro de materias primas.

Así, sería más aconsejable aprovechar el mayor margen fiscal para reducir la factura del IRPF en favor del bolsillo de los ciudadanos y de cara a aliviar también los costes para las empresas –como ya están explorando otros países, entre ellos Alemania—, evitando alimentar la espiral inflacionista y favoreciendo los acuerdos sociales.

Asimismo, sería conveniente apostar por dedicar esos mayores esfuerzos al impulso de la formación de los trabajadores, en especial de aquellos que cobran rentas más bajas, enfocándola a los retos de futuro que plantea la economía.

En el caso de las empresas, se podría plantear además una reducción de costes por la vía de las cotizaciones sociales y acompasar los precios de los contratos públicos, asumiendo la Administración las mismas obligaciones que se exigen al sector privado.

Desde CEOE mantenemos nuestra disposición a seguir negociando como hemos demostrado ampliamente en los últimos años. CEOE nunca se ha levantado de ninguna mesa. En todo caso, tras sucesivas propuestas empresariales para cerrar un acuerdo salarial antes de verano, no fue posible alcanzarlo por la exigencia de los sindicatos de introducir cláusulas para ligar los salarios al IPC, algo que por responsabilidad no podíamos asumir, ya que generaría que los efectos perversos de la inflación se conviertan en permanentes (inflación de segunda ronda).

Asimismo, seguiremos sentados en las mesas de negociación de los convenios colectivos, que es donde se pactan de facto los salarios, y en contra de lo que escuchamos en los últimos días, señalamos que la negociación colectiva se desenvuelve en los parámetros habituales en épocas de dificultad.

En todo caso, si bien los contextos de crisis dificultan la negociación de los convenios colectivos, más aún con una inflación como la que tenemos, los anuncios sobre subidas desmedidas del SMI –se ha incrementado un 35,9% desde 2018-- bloquean las negociaciones a la espera de lo que finalmente se apruebe puesto que estas impactan en las tablas salariales, representando en la práctica una injerencia en la negociación colectiva.

Al mismo tiempo, sería deseable generar desde las instituciones un entorno favorable a la consecución de acuerdos de manera que se evite la conflictividad social y no hacer declaraciones que favorezcan la crispación, que obviamente es perniciosa para la evolución de la economía, en general, y del empleo en particular.

Las empresas españolas estamos comprometidas con España y los españoles, con su empleo, y apostamos por un país en el que haya estabilidad política, seguridad jurídica y calidad normativa para generar un clima de inversión favorable.

Solo así lograremos que las empresas sigan invirtiendo, más en un momento de cambio de paradigma donde la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la formación son clave para la generación de riqueza y empleo para todos.