CEOE alerta sobre la disminución de la productividad por las ausencias laborales y una mala gestión de los permisos
Pese al crecimiento económico y la resiliencia de nuestro mercado de trabajo, se observa una preocupante disminución de la productividad por persona ocupada, directamente relacionada con las ausencias laborales, derivadas principalmente del incremento sostenido de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes y de una regulación deficiente en materia de permisos, que, lejos de garantizar el fin pretendido, ha propiciado una proliferación que genera inseguridad jurídica.
Además, a pesar de mantener cifras históricas de afiliación para noviembre, España encabeza las tasas de paro de la OCDE y la Unión Europea, con 2.424.961 desempleados. El paro baja en 18.805 personas, frente a la subida en 1.506 personas de media en este mes de los años 2014 a 2019, afectando la bajada a todos los sectores productivos, con mayor impacto en mujeres y jóvenes.
La contratación indefinida alcanza 534.997 contratos en noviembre, el 41,27% del total, consolidando la estabilidad laboral gracias al compromiso de las empresas. De esta forma hay 4.211.387 afiliados más con contrato indefinido y 2.155.630 menos con contrato temporal tras la Reforma laboral de 2021. Destaca el descenso de la contratación temporal, especialmente entre los jóvenes menores de 30 años.
El régimen de autónomos registra un crecimiento del 1,15%, muy inferior al 2,71% del régimen general. Las pequeñas empresas, que son mayoría en el tejido empresarial, sufren crecientes dificultades por el aumento de costes y la falta de seguridad jurídica. Las grandes compañías compensan la pérdida de empleo en microempresas, donde la proporción de ocupación cae del 21,61% en 2019 al 18,27% en octubre de 2025. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la variación interanual oscila entre 0% en empresas de 1 y 2 trabajadores y 5,1% en las de más de 499 empleados.
En términos interanuales, se observa también la incidencia negativa de los cambios normativos en sectores específicos como el agrario y el servicio doméstico, que pierden casi 18.500 y 13.600 afiliados, respectivamente.
Además, pese a las cifras de paro existe un alto volumen de vacantes sin cubrir, con un claro déficit de relevo generacional, especialmente en perfiles con mayor cualificación, lo que evidencia la necesidad de reforzar las políticas de orientación, formación e inmigración.
La cifra de trabajadores extranjeros permanece en máximos próximos a los 3,1 millones de afiliados, el 14,1% de la afiliación, pero España afronta un desafío demográfico y laboral sin precedentes. La caída de la natalidad y el envejecimiento acelerado de la población reducen la oferta interna de trabajadores, especialmente en sectores estratégicos, por lo que la incorporación de talento extranjero será clave para garantizar la competitividad económica y la sostenibilidad del sistema productivo y de protección social.
Por lo tanto, el mercado laboral se enfrenta a grandes retos e incertidumbres y, para mantener el actual ciclo expansivo, resulta imprescindible proteger al tejido empresarial y fomentar la inversión mediante un marco de estabilidad regulatoria y certidumbre, sin nuevas cargas y gravámenes, que genere confianza y priorice el mantenimiento y la creación de empleo.
Resulta prioritario impulsar la negociación colectiva como pilar fundamental de las relaciones laborales y la formación permanente y la eficiencia de las políticas de empleo como garantía de un mercado de trabajo competitivo, resiliente e inclusivo.