Discurso del presidente de CEOE, Antonio Garamendi en la Asamblea General 2025

Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí por segundo año consecutivo, en este magnífico auditorio de la Mutua Madrileña, para celebrar nuestra Asamblea General 2025.

Muchas gracias por tanto a la Mutua, a Ignacio, por volver a acogernos.

Una vez más, este espacio se convierte en la casa de las empresas españolas, tanto de las grandes, como de las medianas, las pequeñas, las microempresas y de los autónomos también.

De todos los territorios y sectores.

Aquí estamos todos.

Y, permitidme que, en nombre de todas esas empresas, como aquellos que volvieron un día a su cátedra después de tiempos difíciles, comience esta intervención diciendo aquello de “cómo decíamos ayer”.

No porque nuestras circunstancias sean las mismas, sino porque, salvando las distancias, esas palabras encarnan la convicción con la que hablábamos de la realidad económica de nuestro país hace un año y con la que quiero hablaros ahora.

Porque, si bien el panorama ha cambiado mucho desde el pasado 9 de julio de 2024, cuando celebramos la anterior Asamblea General a la que antes me refería, lo cierto es que las cosas han marchado, sobre todo, en la dirección que más temíamos.

Lo dijimos y se cumplió.

Aquel día señalaba desde este mismo atril que la confianza es la base de una economía abierta como la nuestra, que de ella dependen decisiones económicas tan importantes como las inversiones, la creación de empleo o también el propio consumo de las familias.

Por el contrario, la desconfianza es la carga de profundidad que acaba con la actividad económica y es un fracaso que afecta a todos.

Decía entonces que la fórmula de esa Confianza era la siguiente:

estabilidad política + seguridad jurídica + estabilidad regulatoria + calidad de la norma = Confianza.

He de decir, con sinceridad, que en este caso la ecuación no funciona.

No voy a esquivar la cuestión que más nos preocupa a todos ahora:

Los supuestos casos de corrupción conocidos en los últimos meses han hecho que ese primer elemento, el de la falta estabilidad política, sea en estos momentos un motivo de profunda preocupación para el tejido empresarial.

Tristemente, España vuelve a estar en las portadas internacionales por escándalos que nada tienen que ver con la vida económica y empresarial de este país. Y eso afecta, como digo, a la confianza y ahuyenta las inversiones.

Nos preocupa y nos hace señalar con firmeza que no nos podemos permitir como país ningún grado de corrupción, en ningún ámbito, y que, desde luego, aquellos que la practican, sea cual sea su condición, deben pagar por ello. Y lo digo claro.

Del mismo modo, he de decir alto y claro que no comparto ese nuevo término y menos que se diga que las empresas somos las corruptoras y --no sabemos si en el ánimo de dirigir la atención a otro lugar-- se trate de aplacar la situación con medidas que meten a los justos en el saco de los pecadores.

No voy a innovar ahora porque estemos en este marco de la Asamblea General. Voy a decir lo que vengo diciendo y leo mis propias palabras: “El corruptor es el que tiene el poder, y el que tiene el poder es el que lo gestiona. No se puede responder culpando de todo a las empresas porque si no cerramos el país. Me pregunto entonces: ¿Cerramos todos los partidos políticos? ¿Cerramos el Parlamento? ¿Cerramos las instituciones o las empresas públicas que han incurrido en esas malas prácticas? ¿Cerramos el Ministerio de Fomento?”.

Lo dije y me reafirmo en mis palabras.

Es más, quiero advertir de que, aunque se piense lo contrario, las empresas y los empresarios también somos los primeros en defender lo público y a sus empleados.  Ahora bien, defendemos un Estado fuerte, ágil y bien dimensionado, y defendemos una función pública independiente y de calidad, porque ello es el auténtico antídoto para la corrupción y una garantía de que la Administración cumple con su función de soporte, sin injerencias, especialmente políticas, de la economía de mercado de la que nos hemos dotado.

En esa defensa de la que hablo, exigimos que cesen los ataques dirigidos contra jueces, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y empleados públicos --vuelvo a hablar de funcionarios--, poniendo en duda su independencia.

Tampoco podemos aceptar, por ejemplo, los cambios que se pretenden introducir en la judicatura, en las pruebas de acceso a cuerpos de élite del Estado –como los inspectores de Hacienda, los auditores o los técnicos comerciales y económicos del Estado, los abogados del Estado, los diplomáticos-- que amenazan con minar su independencia y la garantía de calidad en el desempeño que han tenido hasta ahora.

En definitiva, quiero aprovechar nuestro principal encuentro anual, el día en que nos reunimos las empresas españolas, para reivindicar el valor de las Instituciones de nuestro país, encarnadas y recogidas en nuestra Constitución.

La fortaleza de los países se asienta en la credibilidad de sus Instituciones. Y, por eso, debemos reivindicar su papel, comprometernos con su buen funcionamiento, ponerlas en valor y reaccionar ante quienes las ponen en riesgo.

Y las empresas también somos una institución. Porque la empresa no es solo un negocio, sino que también actúa como un motor de crecimiento económico y progreso social.

Insisto y reclamo que, como en tantas otras circunstancias, como en el caso del reciente apagón que afectó a todo el país, no se trate siempre de dirigir la atención hacia la empresa como el sospechoso habitual, algo que ocurre con demasiada frecuencia.

 

Y ahora vamos a hablar en positivo ¿A qué nos dedicamos las empresas?

Las empresas nos dedicamos a lo que nos corresponde hacer como agentes económicos. Ese cometido es generar actividad donde antes no había nada, crear empleo y producir prosperidad para quien arriesga sus recursos en su negocio y, de forma simultánea, para el resto de la sociedad.

Y sería muy positivo para todo el país que, en este sentido, se pusiera sobre la mesa al tejido empresarial cuando se habla de crecimiento económico y del empleo; que se nos reconociera ese valor fundamental y único en el devenir del país, en lugar de señalarnos, como digo, cuando hay que buscar culpables o cuando hay que justificar medidas puramente ideológicas o fruto de pactos meramente políticos.

Al mismo tiempo, también sería bueno que los gobiernos abandonaran esa práctica de capitalizar para sí los buenos resultados económicos cuando estos suceden, porque en este caso no hablan de las empresas.

Volviendo a la fórmula de la confianza, también mencionábamos hace un año la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria o la calidad de la norma.

Es difícil dirigiros unas palabras sin hacer mención a una norma que adolece de todas estas cuestiones. Me refiero la reducción de jornada, que tenía que haberse votado en los próximos días o semanas en el Congreso de los Diputados y que, sin embargo, no sabemos cuándo se va a votar.

Una norma que no ha sido objeto de un diálogo social real, es decir, que no ha tenido en cuenta la visión de aquellos que tendrán que aplicarla si sigue adelante. Un error de bulto cuando la negociación colectiva, en la que estamos sentados las organizaciones empresariales -con la Constitución en la mano- y los representantes de los trabajadores, reconocidos también de tal forma por la Constitución, ya funciona como un mecanismo de comprobada utilidad para regular las jornadas o los salarios.

Más aún, supone una injerencia en toda regla en esa negociación colectiva, que es ejemplo y envidia en toda la Unión Europea y que está más que reconocida como una garantía fundamental de paz social.

Como decimos en CEOE, la mayor infraestructura que tiene un país es el diálogo social porque genera la paz social.

Por cierto, comentaros que en esa negociación colectiva el 30% de los convenios ya recogen jornadas pactadas por debajo del límite de las 37,5 horas.

Quiero decirle al Ministerio de Trabajo: Qué nos deje trabajar, déjenos ponernos de acuerdo. No sigan generando inseguridad jurídica por causas de política partidista.

Pero no. Con su acuerdo político bajo el brazo, sigue adelante con su idea de imponer, a pesar de que vayamos por la tercera temporada, esa reducción de jornada. Y en ese peregrinaje para sacarla adelante, tiene en vilo a millones de empresas y ha puesto al país en el punto de mira de los inversores.

Incertidumbre en vena.

Una norma que incluso el Consejo Económico y Social, el CES, ha afeado por no ir aparejada de una memoria de impacto económico rigurosa.

Esa es la realidad; se pretende aprobar una medida de económica de enorme calado al mismo tiempo que se admite que los efectos económicos son imprevisibles.

Pues bien, antes de que se apruebe, este sinsentido ya está frenando sobremanera la negociación colectiva. Hasta el mes de junio, los convenios colectivos firmados han caído un 7%, y los trabajadores cubiertos, un 9,5%.

¿Cómo vamos a sentarnos a hablar del próximo acuerdo nacional de convenios si tenemos permanentemente esa incertidumbre encima de la mesa? Vence este año, por cierto.

Y, en esta antesala, otro tema que como dice siempre Iñigo Fernández de Mesa es el termómetro de la economía: la inversión. La inversión ya se está retrayendo. Según datos del Ministerio de Economía, aunque en 2024 la inversión productiva extranjera --esa inversión que hace que la economía avance-- aumentó en torno a un 2%, al mismo tiempo se ha producido, y esto nos preocupa mucho, un significativo aumento de las desinversiones, que se han duplicado desde 2023.

No sólo hay que hablar de la inversión que viene, sino también hay que hablar de la inversión que deja de estar o se va.

Eso ha hecho que, en términos netos, el pasado año se produjera un retroceso efectivo de estas inversiones extranjeras del 27,2%, hasta alcanzar la cifra más baja desde 2020.

No es que todo se deba a los vaivenes normativos, pero todo afecta y estos en nada ayudan.

 

Por otro lado, si se aprueba la reducción de la jornada, nos asomamos a un coste para las empresas de unos 23.000 millones de euros.

Quiero destacar aquí que esta situación es especialmente complicada para las pequeñas y medianas empresas y para los autónomos con trabajadores. Las pymes se van a ver, ya se están viendo, muy golpeadas por esta medida, en un momento en el que están asfixiadas por la ingente producción normativa, las cargas burocráticas, las dificultades para cubrir vacantes o la presión fiscal y los costes de la Seguridad Social.

 

Vuelvo a reivindicar que no estaría mal que pudiéramos pagar el bruto del salario. Que los trabajadores recibieran ese bruto y que comprobaran cuál es realmente el coste para las empresas. Sería muy bueno, porque supondría la transparencia real. De ese modo, todos los ciudadanos sabrían de dónde proceden los servicios.

Y todo ello sin olvidar otros incrementos de costes que afectan a todas las empresas, entre ellos el del absentismo.

La previsión es que estos procesos de Incapacidad Temporal supongan un coste de 32.800 millones de euros este año, un 12,5% más. De estos, hasta 16.000 millones los soportarán las empresas.

Al respecto, he de decir también que, por encima de estas cifras disparadas, está la salud de los trabajadores, para los que, en este caso, el Gobierno no siente la misma urgencia, -como en el tema de la reducción de jornada-, a la hora de activar las herramientas necesarias para acortar los procesos médicos por contingencias comunes, por ejemplo, aumentando el número de médicos, como lo estamos planteando. Sería una forma de ahorrar dinero invirtiendo un poco.

En este sentido, seguimos esperando que se cumpla el compromiso de ampliar la colaboración de las Mutuas para acortar los procesos de recuperación de los trabajadores con bajas traumatológicas. Deciros también que desde CEOE colaboraremos con las Mutuas en la defensa de su modelo de Gobernanza. Un modelo que se está cuestionando ahora por parte del Gobierno.

Volviendo al absentismo, hay una parte de este absentismo que, tenemos que decir, es fraudulento. Y lo digo con claridad, porque creo que es como hay que hablar: con claridad. No estoy diciendo cómo arreglar las cosas, estoy diciendo que hay que sentarse y hablar. No se puede ocultar también esa realidad.

En resumen, si en este país hay prácticamente 1,5 millones de personas que no van a trabajar cada día, hay que preguntarse: ¿Qué está pasando en España? ¿Cómo lo solucionamos?  Y, a partir de ahí, avanzar con decisión en el análisis de los datos, de las causas.

No estoy dando la solución, estoy diciendo que hay que sentarse y hablar entre todos de las posibles soluciones, más allá de debates ideológicos. Esto no es un tema de ideología, es un tema de economía, de responsabilidad.

Por tanto, este es el escenario de incongruencias en el que nos estamos moviendo en estos días, mientras el mundo entero cambia.

Porque pareciera que algunos no son conscientes de la situación que se vive a nivel mundial, con la guerra arancelaria, que nos obliga a buscar sí o sí una respuesta europea; seguramente en favor de un acuerdo con EE.UU. que aporte certidumbre y predictibilidad; sin dejar de ampliar nuestros mercados exteriores.

O a lo mejor hay que recordarles que esa misma jornada de 37,5 horas se va a aplicar a empresas que aún están lejos de recuperarse de los efectos de la DANA. Y en este punto, a todos los valencianos y valencianas darles nuestro apoyo, como no podría ser de otra manera.

En este sentido, aprovecho también para sumarnos a la reclamación insistente del presidente de ATA, Lorenzo Amor, para que se cumpla el compromiso adquirido de prorrogar la prestación por cese de actividad de los autónomos afectados por la DANA, que expiró el 31 de enero, y que todavía no ha tenido respuesta. Se aprueban cosas y luego no se cumplen.

 

Por cierto, en este punto quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas fallecidas y para sus familiares, entre ellas empresarios como el miembro de nuestra Junta Directiva, Miguel Burdeos.

Y también, voy a hacer una reflexión que creo que es importante, un reconocimiento muy especial a la Corona, que es la piedra angular de la arquitectura institucional de nuestro país, de nuestra monarquía parlamentaria, encarnada en la figura del S.M. el Rey que, junto a la Reina Doña Letizia, nos dio una lección de liderazgo y apoyo a la sociedad en aquellos días, demostrando que la Corona es la institución que siempre está cuando hay que estar, donde hay que estar y en lo que hay que estar.

Eso es generar confianza.

 

Y hablando de en lo que hay que estar y de la confianza otra vez, en este país empieza a parecernos normal el no tener ni siquiera un proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Llevamos desde 2023 con los mismos Presupuestos, algo inaudito que ya vemos como si fuera algo anecdótico. Pero no lo es.  Es más, en 2025 nuestras finanzas públicas se siguen rigiendo con una norma elaborada en 2022, es decir, en la legislatura anterior, y aprobada, por tanto, por un Parlamento que no es el actual.

Unas cuentas públicas pensadas para un mundo que estaba saliendo de la pandemia; elaboradas el mismo año de la invasión rusa de Ucrania o cuando en la Casa Blanca residía un Joe Biden que aún no había llegado a la mitad de su segundo mandato.

 

Retomo la idea que planteé al principio. Los gobiernos siempre sacan pecho de los datos del PIB y del empleo, cuando los que abren y cierran los negocios que generan esa actividad son las empresas; las que crean el empleo son las empresas; los que se levantan cada día para desempeñar su labor son los trabajadores; y los que pagan los impuestos son unos y otros.

Y pareciera, a la vista de la marcha de la economía, que empresas y trabajadores estén llevando adelante un país que funciona al margen de la gestión pública, de la existencia o no de Presupuestos, en un clima de desafección que nos preocupa.

Sin embargo, hago una llamada a no caer en esa desafección y desde aquí, para empezar, exigimos que se ponga sobre la mesa a la mayor brevedad un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Tenemos la reducción de la jornada laboral encima de la mesa y, sin embargo, no tenemos, siquiera, la presentación de los Presupuestos.

Por cierto, alguna noticia buena tenía que dar. El Tribunal Supremo ya ha fallado y deciros que la indemnización por despido improcedente no puede incrementarse judicialmente atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. Por tanto, no ha lugar esa demanda que se interpuso.

Esta sentencia habla de confianza, habla de seguridad jurídica, que es de lo que nosotros hablamos y, sin embargo, llevamos más de un año oyendo que esta norma se tenía que aplicar en España. Pues bien, esto no es así. Las empresas necesitamos seguridad jurídica.

Las empresas españolas no van a entrar en política, pero no se van a poner de perfil si es preciso asumir un papel de liderazgo en beneficio del país.

Veréis, en un informe reciente de Edelman España, que sigue la evolución de la confianza de la sociedad en las instituciones desde hace décadas, se indica que las empresas son las mejor valoradas tanto desde el ámbito de la ética como de su desempeño. Se cree más en los empleadores que en otras instituciones.

Se piensa que las empresas son las más fiables a la hora de liderar la innovación en España. Y ese papel también se nos reconoce a nivel europeo, en informes que son la hoja de ruta de la UE para las próximas décadas, como son los informes ‘Draghi’ y ‘Letta’.

Aprovecho para darle las gracias especialmente a Enrico Letta, con el que hemos trabajado intensamente en ese interesantísimo informe.

Quiero que quede claro todo esto, para que todos lo recordemos cuando otros tratan de denostar la imagen de la empresa en España; cuando se hace política poniendo a la empresa en el ruedo.

Ni somos como dicen, ni se nos ve como algunos pretenden. Y los primeros que tenemos que tener claro eso somos nosotros, el tejido empresarial.

Voy a ir terminando, y para ello quiero hacer una mención precisamente al lema que acompaña a esta Asamblea General 2025. La Unión del Tejido Empresarial.

Me habéis oído muchas veces y no me cansaré de decirlo que unidos llegamos más lejos. Unidos somos mucho más. El tejido empresarial persigue las mismas metas, más allá de las peculiaridades sectoriales o territoriales.

Esa idea de que las empresas deben unir sus fortalezas para poder defender sus intereses debe prevalecer por encima de todas.

Miremos más allá de lo que puede ser coyuntural. Lo he dicho a lo largo de esta intervención, el mundo está en permanente cambio y, además, ese cambio es abrupto, acelerado y ha hecho que la palabra incertidumbre no tenga connotaciones ya de excepcionalidad.

Porque a los cambios de las reglas del comercio internacional se suma el avance imparable de la Inteligencia Artificial, que transformará tantos otros paradigmas; todo ello mientras tenemos un largo camino que recorrer para garantizar un crecimiento sostenible de nuestras economías.

Coincidiréis conmigo en que debemos plantear el presente sobrevolando lo que puede acontecer en el futuro.

Y, como digo, no podemos esperar que esta incertidumbre se disipe, tenemos que convivir con ella e, incluso, abrazarla como una fuente de oportunidades.

En este contexto, debemos dar más espacio a las miradas de largo recorrido, ir más allá de lo personal y de lo propio.

No es tiempo de retórica, es tiempo de acción.

Como tampoco es tiempo de disputa y personalismo, es tiempo de grandes aspiraciones y de unión, especialmente en España. Es tiempo también de grandes acuerdos de país, como siempre decimos. De buscar soluciones desde el sosiego y la moderación, lejos de la vehemencia y del efecto limitante que imponen los extremos en el debate público. Y, en este sentido, decir sobre la financiación autonómica, que el camino no es bilateral, es una cuestión a debatir entre todas las comunidades autónomas, dando espacio a sus legítimas aspiraciones; y que, como ya se hizo en 1978, exige alcanzar grandes acuerdos y el visto bueno a partir de la participación ciudadana, como ocurrió, por cierto, con los conciertos vasco y navarro, que se recogen en la Constitución.

Nos jugamos la calidad de los servicios públicos en España, la sanidad, la educación, los servicios sociales. Es verdad que vivimos en una España diversa, y eso es enriquecedor, pero no confundamos ser singulares con la singularidad. Tenemos que ser solidarios entre todos y trabajar entre todos. Eso es lo que pido, que se abra una mesa para hablar de estos temas, entre todos y para todos, que es donde está el espacio y donde la gente lo reclama.  

Las empresas somos una parte fundamental de la sociedad civil, y somos conscientes de que la sociedad no está tan polarizada como pudiera parecer; está más cerca de ese espíritu del 78 que siempre reivindicamos y que seguimos defendiendo desde CEOE, porque es nuestra obligación y porque es nuestro convencimiento.

CEOE cumplirá 50 años en 2027. Estuvimos en el germen de la Democracia; hemos participado desde el inicio en la creación del diálogo social. Ese es y va a seguir siendo nuestro lugar, en el que permanecemos para seguir contribuyendo a la buena marcha de España propiciando acuerdos cuando sea posible y diciendo que no, diciendo lo que hay que decir, cuando sea necesario.

Ahora sí, quiero daros a todos una vez más las gracias por vuestra labor en la defensa de las empresas de este país; por vuestro esfuerzo y por vuestro valor en esta tarea y deciros, una vez más, que TODOS somos CEOE.