Comisión de Sanidad: reflexiones al hilo del Acuerdo entre Gobierno y Podemos

Para la Comisión, no puede ser un texto más desafortunado. Rechazar parte importante de los recursos existentes, despreciar a un sector que genera más de 265.000 empleos, que supone en torno al 3,5% del Producto Interior Bruto y priorizar cuestiones ideológicas por encima de los datos conllevará nefastas consecuencias y perjudicará directamente a los ciudadanos.

De esta forma, se pone en riesgo la sostenibilidad financiera y asistencial de un sistema sanitario que, en su conjunto –con la complementariedad del sector público y el privado-, ocupa el primer puesto a nivel europeo en cuanto a eficiencia, según el informe anual de Bloomberg.

Y la aportación de la parte privada a esta realidad es importante:

• España cuenta con 8,2 millones de asegurados, cifra que asciende a más de 10 millones de usuarios de la sanidad privadasi contamos con los funcionarios que –bajo el régimen de mutualismo administrativo- eligen ser atendidos por el sector privado.
• Al tratarse de un modelo de doble aseguramiento, los ciudadanos que cuentan con un seguro privado no consumen, o consumen solo en parte, recursos de la sanidad pública. El ahorro producido por un paciente que use únicamente el sistema privado es de 1.203 euros al año, puesto que no hace uso de ningún recurso de la Sanidad Pública.
• El sector hospitalario privado español representa el 57% del total de los centros hospitalarios de nuestro país y el 33% del total de camas, realizó en 2015 el 29% (1,5 millones) de las intervenciones quirúrgicas, el 23% (1,2 millones) de las altas y el 23% (6,6 millones) de las urgencias en todo el territorio nacional, descargando así presión asistencial del sistema sanitario público.
• Existen, asimismo, miles de entidades sanitarias privadas sin hospitalización -clínicas especializadas en oftalmología, medicina estética o de reproducción asistida, laboratorios clínicos, centros de rehabilitación, empresas de transporte sanitario, etc-.
• A nivel de equipamiento, la sanidad privada dispone del 56% de los equipos de RM, del 48% de los PET y del 36% de los TAC.

Por todo ello, intentar perjudicar a la Sanidad Privada tendrá nefastas consecuencias que afectarán al conjunto de los ciudadanos.

Supondrá un grave perjuicio para el paciente

Los diferentes modelos de colaboración público-privada que existen garantizan y refuerzan la igualdad de trato a toda la población, contribuyendo al buen funcionamiento del conjunto del sistema sanitario.

La reducción de las listas de espera y obtener una mayor satisfacción por parte del paciente es posible si existe una colaboración real entre ambos sistemas. Hace unos meses se produjo la reversión de un hospital que en aquel momento presentaba 46 días de lista de espera, frente a los 125 días que imperaban en la comunidad autónoma donde se encuentra dicho centro.

Por otro lado, una vez expuestos los recursos de los que dispone la sanidad privada –hospitales, camas, etc.- creemos suficientemente probado que, sin ellos, se pondría en grave peligro la asistencia sanitaria. En los próximos años la demanda continuará creciendo, debido a la cronificación que supone el aumento de la esperanza de vida. La Sanidad Pública no podría asumir el coste de prescindir de la colaboración de la sanidad privada y se colapsaría con total seguridad.

Supondrá un grave perjuicio para la economía

Su importancia macroeconómica es mayor que la de muchos otros sectores empresariales que se han venido proponiendo como locomotoras de nuestra economía. Al margen de los excelentes resultados asistenciales, que sitúan a los hospitales privados y a los centros públicos de gestión privada en los primeros puestos de cualquier ranking de excelencia, la gestión económica ha demostrado también ser un éxito.

Además, no debemos obviar que la sanidad privada da empleo a más de 260.000 personas, una cifra que va en aumento, creándose año tras año puestos de trabajo de alta cualificación.

Supondrá pérdida de competividad del SNS frente a otros países

Reiteramos que si España ocupa el primer puesto a nivel europeo y uno de los primeros a nivel mundial en lo que respecta a su Sistema Sanitario es, entre otras cosas, gracias a la colaboración de la sanidad privada. Prescindir de ella hará que bajemos posiciones en dichas clasificaciones, perdiendo competitividad frente a otros países. No olvidemos que los propios pacientes puntúan con las mejores notas a los hospitales privados o públicos de gestión privada en las encuestas de satisfacción.

La destacada actividad que el sector privado desarrolla en el campo de la investigación peligra. Los centros privados participan en más de 1.300 ensayos clínicos, lo que supone el 43% del total de los ensayos clínicos que se llevan en nuestro país, teniendo mayor presencia en las frases tempranas de la investigación –que requieren mayor especialización y complejidad-.

Esta Comisión se teme que por “privatizaciones”, Gobierno y Podemos se refieren equivocadamente a aquellos hospitales de gestión privada, que mantienen su titularidad pública y prestan los servicios asistenciales en los mismos términos, cumpliendo exactamente los mismos requisitos legales que los hospitales públicos gestionados directamente por las administraciones. Se trata de un modelo que da respuesta a la insuficiencia financiera de la Administración Pública, asumiendo a largo plazo un gasto que evita un endeudamiento financiero y hace posible un mayor control del gasto.

Entendemos que al igual que a los pacientes les interesa ser atendidos correctamente en tiempo y forma, sin importar la titularidad del centro al que acude, el Gobierno debería propiciar el uso de todos los recursos existentes, sin reparar tampoco en quién gestiona dicho centro.

En resumen, y a la vista de las cifras expuestas, la actividad de la sanidad privada -que complementa a la pública-, ahorra a los presupuestos del Estado miles de millones de euros cada año, genera ingresos adicionales a las arcas públicas mediante los impuestos que pagan sus empresas y atiende, por ejemplo, al 85% de los funcionarios públicos, que pueden elegir entre sanidad pública y privada y han elegido la privada. El hipotético desmantelamiento de la sanidad privada provocaría irremediablemente un incremento del déficit público. No podemos entender desde esta Comisión que las intenciones del Pacto tengan como objetivo desmantelar un sistema sanitario que funciona de una forma armónica por la colaboración básica del sector privado de la Sanidad. Por lo que recomendaríamos a los firmantes, una vez más, prudencia y análisis sereno de una realidad que está muy lejos de la que se describe en el citado acuerdo.