CREEX considera que la Ley de Contratación Socialmente Responsable de Extremadura debe fortalecer la transparencia e impulso de las pymes
La Asamblea de Extremadura aprobó ayer jueves, la Ley de Contratación Socialmente Responsable de Extremadura, la primera normativa regional en este ámbito, que según valora el secretario general de la CREEX, tiene dos objetivos primordiales: "que las obras, suministros y servicios públicos se ejecuten de manera adecuada, en tiempo, forma y coste”, y que a su vez “genere valor añadido a la economía regional, produciendo rentabilidad a las empresas y empleo remunerado convenientemente".
Para ello, "es preciso -indica Javier Peinado- que las empresas sean más responsables a la hora de licitar a los concursos y evitar el dumping, es decir, la venta a pérdida y competencia desleal, a la vez que la administración tiene que valorar criterios de adjudicación que no busquen el precio más bajo, sino la oferta más adecuada y rentable para el objetivo final, sin olvidar el que haya un retorno social de la inversión pública". En esta línea, el secretario general de la patronal extremeña se pregunta "Cuándo entenderán las administraciones que lo barato sale caro", añade la organización empresarial en una nota de prensa. La CREEX recuerda que propuso en la Asamblea una serie de mejoras en la ley extremeña en favor de las pymes y para fortalecer las novedades en materia de transparencia. Así, en su comparecencia Peinado criticó, entre otras cuestiones, que en los procedimientos negociados el plazo de presentación de ofertas es inferior a la ley nacional, medida que precisamente no favorece a este tipo de empresas, que cuentan con una menor estructura.
Además, rechazó que la norma extremeña sea más restrictiva que la nacional en la confidencialidad de los contratos, ya que, a su juicio, la barrera debería ser la Ley de Protección de Datos española, y expresó sus "dudas" sobre si el ámbito de aplicación de la nueva ley es de obligatorio cumplimiento para las administraciones locales en todo su articulado.
En su opinión, el contenido del contrato mínimo debería de quedar mucho "más claro y expreso" a la hora de los compromisos que debe cumplir el adjudicatario respecto a las cláusulas sociales y medioambientales, y advirtió que "el papel lo aguanta todo" y habría que ver si el adjudicatario ha cumplido con aquello a lo que se comprometió, que a lo mejor fue un criterio decisivo para llevarse el contrato.
Novedades en la Ley
La obligatoriedad de la licitación electrónica es uno de los aspectos novedosos de la nueva ley extremeña, con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia y un ahorro en el coste de los servicios públicos.
Los trabajos previos en comisión han permitido, además, ampliar el ámbito de aplicación de la ley a la Universidad de Extremadura, ya que inicialmente sólo afectaba a la contratación de la Junta de Extremadura y de los entes locales.
Asimismo, se han incluido mejoras técnicas y de redacción en la ley, que han permitido incluir requerimientos de carácter medioambiental en varios artículos y nuevas disposiciones a favor del pequeño empresario.
Un ejemplo de ello es la ampliación de los plazos a favor del licitador o que el órgano de contratación pueda establecer limitaciones en la adjudicación y no en la presentación de las ofertas.
La Ley de Contratación Socialmente Responsable de Extremadura persigue la eficiencia en este ámbito, al mismo tiempo que garantiza que los contratos se encuentren sujetos al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, obligación que igualmente se traslada a los subcontratistas respecto de su personal.
La normativa extremeña entrará en vigor de forma cuasi inmediata, el próximo 1 de enero de 2019, y la constitución de la Oficina Extremeña de Supervisión en materia de contratación se ha adelantado, durante el trámite parlamentario, de 12 a 9 meses.