Cargas administrativas

Convenio de Colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública - CEOE y CEPYME 2018

Cargas administrativas que dificultan la creación y puesta en marcha de nuevas empresas y su desarrollo, la solicitud de ayudas y subvenciones públicas, el acceso a la contratación, modelos impositivos, la tramitación de los contratos de personal y otros ámbitos empresariales

 

  • CEOE y CEPYME colaboran con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en la labor de identificación de las cargas administrativas que lastran la actividad de las empresas españolas. Estos convenios constituyen una herramienta esencial para intercambiar experiencias y puntos de vista y permiten obtener información de primera mano de los empresarios.
  • Desde la formalización del primer Convenio de Colaboración, en 2008, CEOE/CEPYME han propuesto un total de 394 medidas de eliminación o simplificación de cargas administrativas. Esta labor supone para el empresario la eliminación de requisitos y, por tanto, un importante ahorro económico.
  • España 2017: 517 normas promulgadas a lo largo del año por la Administración General del Estado (BOE, secciones I y III: 102.600 páginas) y 253 por las Comunidades Autónomas. Periodo 1970-2017: 41.883 normas con rango de Ley en vigor.
  • Unión Europea 2017: aprobados 1.920 actos legislativos. Normas vigentes:  20.918.
  • The Global Competitiveness Report 2017–2018, elaborado por el World Economic Forum, sitúa a España en el puesto 34º de un total de 137 países analizados (por detrás de Chile, Tailandia, República Checa, Arabia Saudí y Estonia). Pero, lo que resulta más desalentador es que, en el aspecto regulatorio, España desciende en el escalafón hasta el puesto 113º como consecuencia de las numerosas cargas administrativas que nuestro acervo legislativo impone al inicio o desarrollo de la actividad económica.
  • La OCDE clasifica a España en la cola de los países de altos ingresos en cuanto a la facilidad para hacer y generar negocios, relegando a nuestro país a la posición 23ª de un total de 32 Estados examinados, desplazándolo al puesto 28º si se tienen en consideración los requisitos exigidos para la puesta en marcha de una empresa.
  • La labor de identificación de cargas administrativas requiere la participación de los miembros de las organizaciones empresariales territoriales y sectoriales, como conocedores directos de la problemática administrativa a la que deben hacer frente las empresas.
  • Estas cargas derivan de exigencias de información que debe aportase a las distintas Administraciones Públicas, ya estén relacionadas con la autorización e inicio de una actividad empresarial o con el desarrollo posterior de la misma (actividad sometida a licencia en lugar de declaración responsable; aportación de documentos que ya obran en poder de cualquier Administración; encuestas estructurales; inclusión de justificantes de pago de tasas, planos, memorias…, junto a una declaración responsable…).
  • Lo que se pretende, por tanto, es eliminar el “papeleo”, en ocasiones necesario para garantizar la seguridad jurídica y, en otras, no. El cumplimiento de este tipo de trámites supone el destino de medios humanos a tareas distintas de las que deben ocupar la jornada del personal laboral y, por tanto, el consumo innecesario de recursos. En definitiva, se persigue identificar los numerosos casos en los que las empresas son obligadas cumplir requisitos derivados de los tres niveles administrativos, identificar si los mismos son incompatibles entre sí y proponer su simplificación o eliminación.

 

 Año

 Objeto del convenio de colaboración

 Nº Propuestas presentadas

 2009

Análisis de las cargas administrativas soportadas por las empresas  españolas

125

 2010

Las cargas administrativas soportadas por las empresas españolas

59

 2011

Las cargas administrativas soportadas por las empresas españolas:  estudio de la autorización ambiental integrada

5

 2012

Las cargas administrativas soportadas por las microempresas y los  empresarios autónomos españoles

18

 2013

Las cargas administrativas derivadas de la fragmentación del mercado  interior

36

 2014

Las cargas administrativas derivadas de la fragmentación del mercado  interior II

24

 2015

Cargas Administrativas de los sectores empresariales sometidos  simultáneamente a normas estatales, autonómicas y locales;  mecanismo de Cooperación Interadministrativa - Plataformas  Informáticas

36

 2016

Análisis de las cargas administrativas que dificultan la creación y puesta en marcha de nuevas empresas y su desarrollo, la solicitud de ayudas y subvenciones públicas, el acceso a la contratación, modelos impositivos, la tramitación de los contratos de personal y otros ámbitos empresariales

32

 2017

Trabas al crecimiento empresarial: revisión de las cargas  administrativas asumidas por la mediana empresa y su especial  influencia, entre otros, en el sector del Turismo (ahorro total de las  propuestas: 1.747 millones de euros)

39

 

 

CONVENIO 2018

  • El Convenio 2018 se centra en el “Estudio de los efectos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en las distintas administraciones, y las repercusiones de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”.
  • No obstante, son muy bienvenidas todas aquellas cargas que fueran detectadas en cualquier otro ámbito.
  • En la ejecución del Convenio de 2017 se detectó que la entrada en vigor de buena parte de los preceptos de esta norma, en especial los concernientes a la relación electrónica, no podría ser asumida en plazo por buena parte de las Administraciones autonómicas y locales. De este examen preliminar se llegó a la conclusión de que la nueva norma podía ser objeto de análisis prioritario durante 2018. Sirvan como ejemplos los siguientes problemas detectados:  
    • La no obligatoriedad del aviso previo de llegada de una notificación electrónica obliga a las empresas a consultar diariamente varias Webs con el objeto de conocer si son destinatarios de alguna diligencia procedente de la Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social, Consejerías y cualquier entidad local relacionada con la actividad que desarrollan. Si el aviso previo se regulase con carácter obligatorio, vinculando la validez de la notificación electrónica a la existencia de éste, el tiempo ganado en no tener que verificar diariamente las sedes electrónica citadas supondría un ahorro estimado de 1.100 millones de euros.  
    • Una alternativa a lo anterior sería proceder a la remisión de notificaciones electrónicas de forma centralizada, sirviéndose para ello del Punto de Acceso General electrónico de la Administración, evitando así que el empresario deba consultar las ya referidas Webs. La adopción de tal medida podría supones un ahorro de 260 millones de euros.
    • En este mismo ámbito, la nueva Ley tampoco prevé, tal y como efectivamente realiza la Agencia Tributaria, la creación de días no hábiles para realizar notificaciones, coincidentes habitualmente con el periodo vacacional. La introducción de tal medida arrojaría un ahorro de más de 120 millones de euros.
  • Por otra parte, el Convenio 2018 analiza los efectos de la entrada en vigor, el 9 de marzo de 2018, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
  • La Red Empresarial de Reducción de Cargas Administrativas (REDCA) de CEOE-CEPYME aglutina al conjunto de organizaciones y empresas que, a través de los responsables designados al efecto, colaboran aportando ideas, sugerencias, comentarios y propuestas de mejora para la reducción de cargas administrativas.

 

Las propuestas pueden remitirse a cargas@ceoe.org