CONFEBUS califica de “paso positivo” la aprobación de la proposición no de ley de financiación del transporte colectivo urbano

Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, ha destacado que esta iniciativa “supone un paso positivo y cubre parcialmente una de las reivindicaciones históricas del sector”, aunque también ha señalado que “debería ampliarse a los servicios metropolitanos, de cercanías y rurales para garantizar que se preste un servicio que debería ser considerado bien de primera necesidad por la garantía de movilidad que representa para millones de personas en España y por su aporte a la sostenibilidad y al medio ambiente al colaborar en la disminución de las emisiones de CO2 como alternativa al vehículo privado”.La Confedeación ha reiterado que el autobús es un medio de transporte estratégico para la sociedad y la economía españolas, ya que gracias a su capilaridad garantiza la movilidad de millones de personas cada día, siendo en ocasiones el único medio de transporte colectivo. Además, el autobús puede sustituir a entre 14-30 vehículos privados y evita la emisión de 6,7 millones de CO2 que se hubieran emitido si los usuarios del autobús lo hubieran hecho en coche. Por poner estos datos en contexto, 6,7 millones de toneladas de CO2 sería lo que necesitan casi siete europeos de media para calentarse, alimentarse y desplazarse en más de un mes, ha asegurado CONFEBUS. En su exposición de motivos, la Comisión ha señalado que el vehículo privado es responsable de la mayor parte de las emisiones contaminantes de las ciudades y que el transporte colectivo urbano constituye la única alternativa “real y eficaz” para el cumplimiento de los compromisos en el marco del Acuerdo de París y en el marco del Plan Nacional de la Calidad del Aire 2017-2019.CONFEBUS ha resaltado que el actual marco de financiación del transporte colectivo urbano es inestable, inequitativo, arbitrario y no se encuentra encuadrado en ninguna planificación estratégica. Esta situación imposibilita apuestas estratégicas a medio-largo plazo por parte de los operadores e instituciones responsables del transporte urbano, lo que redunda en su incapacidad para incorporar mejoras competitivas y optimizar el servicio a los ciudadanos en un marco tecnológico permanentemente cambiante.En este sentido, el Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a establecer una mesa de trabajo con los Ayuntamientos, agentes sociales y administraciones autonómicas con el propósito de presentar, en el plazo de seis meses, una propuesta de ley de financiación del transporte público.