Propuestas fiscales

Artículo de Juan Rosell, presidente de CEOE, publicado en el suplemento ABC EMPRESA

Las distintas medidas tributarias a implantar en la próxima legislatura propuestas por los partidos políticos antes y después de las últimas elecciones, abren un debate sobre el diseño del sistema tributario y los cambios a realizar en el mismo. Los empresarios queremos insistir en que el sistema diseñado debe tener una vocación de estabilidad que contribuya a la seguridad jurídica de los inversores y en el que se encuentre un equilibrio que garantice la recaudación necesaria para mantener unos ingresos públicos adecuados. Todo ello sin frenar la competitividad de nuestras empresas o limitar la posibilidad de consumo de las familias.

Los ingresos tributarios del Estado (básicamente Sociedades, IRPF, IVA y Especiales) sumaban algo más de 100.000 millones de euros en 2000, crecieron por encima de 200.00 millones en 2007, bajaron a 144.023 en 2009 y han vuelto a recuperarse en 2014 para llegar a ingresar 182.000 millones de euros en 2015. En 2016 aún no se alcanzarán las cifras de 2007 debido básicamente a la caída del PIB entre 2009 y 2013 de algo más de seis puntos frente al incremento entre 2014 y 2015 de algo menos de cinco puntos.

Hemos recuperado recaudación al mismo nivel, excepto en Sociedades donde en 2007 se llegaron a ingresar 44.823 millones de euros y para 2016 la previsión es de 22.500 millones de euros. Ahora, para cumplir el déficit, se quiere adelantar el pago del impuesto en una operación del todo política, pero que lastrará la financiación empresarial. No es una medida dramática, pero seguro que hay otras posibilidades.

En cuanto a las medidas de reforma estructural de nuestro sistema tributario, creemos necesario abordar de manera urgente la coordinación de la tributación autonómica y local. En la actualidad existen cerca de cien tributos autonómicos que se han creado de manera descoordinada, lo cual supone una clara distorsión del mercado interior y plantea problemas de gestión y cumplimento para las empresas, ya que, incluso en Comunidades Autónomas que tienen aprobados impuestos con finalidad similar, las diferencias entre ellos son significativas.

Muchos de estos impuestos son creados con pretendida finalidad medioambiental. Sin embargo, un impuesto medioambiental debe reunir una serie de requisitos que la mayoría de estos tributos no atienden. Un ejemplo es el gravamen sobre grandes superficies comerciales que se ha aplicado en varias comunidades autónomas (Cataluña, Canarias, La Rioja, Navarra, Aragón, y Asturias), cuya recaudación para algunos centros comerciales supera incluso lo que dichos centros generan en concepto de Impuesto sobre Sociedades. El resultado es que ha sido puesto en duda por la Comisión Europea por discriminatorio y contrario al derecho de la Unión Europea.

Por otro lado, los impuestos autonómicos no deben gravar un hecho imponible que ya esté sujeto a otro impuesto. El incumplimiento de este requisito ha sido el motivo por el que el Tribunal Constitucional ha anulado recientemente el impuesto que gravaba la producción de energía eléctrica nuclear en Cataluña, por coincidir con el tributo estatal sobre producción de combustible nuclear. Igualmente, se han anulado tributos de Baleares y Extremadura por coincidir con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Hemos propuesto también que no se introduzcan nuevas figuras impositivas ni se recuperen algunas desaparecida. En concreto, el Impuesto sobre el Patrimonio, creado en su día, de manera provisional, como elemento de control para el Impuesto sobre la Renta, en un momento en el que los medios a disposición de la Administración Tributaria eran muy inferiores a las que existen hoy en día. El Impuesto no ha tenido nunca una finalidad estrictamente recaudatoria y fue eliminado, como era lógico, una vez las circunstancias que aconsejaron su creación desaparecieron. Recuperarlo como una figura tributaria es un error, va en contra de lo que se hace en países de nuestro entorno y supondrá, a la larga, un descenso de recaudación puesto que provocará una reducción de los grandes patrimonios con residencia fiscal en España. En todo caso, el Impuesto sobre el Patrimonio nunca debería gravar los activos empresariales y productivos.

En cuanto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, consideramos imprescindible que su diseño no afecte a los supuestos de transmisión de empresas por fallecimiento del titular. Hacerlo de otro modo pondría en riesgo la continuidad de empresas familiares. No se trata de ayudar a las empresas, sino de evitar su mortalidad porque cuantas menos empresas existan menos riqueza se creará y, por tanto, menos puestos de trabajo productivos, que no se generan por arte de magia.

En resumen, es trascendental el diseño de una adecuada política fiscal que apoye la competitividad empresarial y sea capaz de recaudar los recursos suficientes para mantener nuestro Estado de Bienestar. Por ello, el impacto de cualquier medida tributaria debe ser cuidadosamente analizado y con visión a largo plazo.

Los impuestos crean civilización, pero cuando son farragosos y exageradamente altos cumplen el objetivo no deseado, esto es, la reducción de la recaudación. Mejor cuántos más simples, más duraderos en el tiempo y más comprensibles para empresas y ciudadanos. Eso sí, hay que combatir sin tregua la economía sumergida.

 

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