“Por sus frutos la conocemos”

Artículo de Antonio Garamendi publicado en el diario EXPANSION:

Hace ahora cuatro décadas culminaba el proyecto sociopolítico colectivo de mayor trascendencia de los que ha afrontado nuestro país en su historia reciente. La elaboración de la Constitución, y su posterior aprobación por la inmensa mayoría de los españoles, supuso la recuperación real de los derechos y libertades por los ciudadanos.

Y ello ocurrió gracias a un impulso colectivo mayoritario, a un ejercicio de generosidad política, altura de miras y visión de futuro de las generaciones que vivieron y, por ello, conocían de primera mano la realidad de los convulsos tres primeros cuartos del siglo XX.
Estos cuarenta años que ahora conmemoramos han sido, sin ninguna duda, los más fecundos de nuestra historia desde todos los puntos de vista y han supuesto la equiparación de nuestro país con las democracias más avanzadas del mundo.

El enorme éxito colectivo de los españoles en estos cuarenta años, un periodo de tiempo relativamente muy corto, ha sido alcanzar una normalización política y social homologable con la de otros países de larga raigambre democrática y conseguir una economía estable, eficiente y abierta.
Sin obviar los inevitables altibajos, la Constitución y la recuperación de la democracia han creado un marco legal que ha permitido la apertura de nuestra economía y la entrada en la Comunidad Económica Europea que, tras un proceso muy exigente para todos, han propiciado la convergencia con las economías más competitivas del mundo.

Nuestra posición en Europa y en el mundo se ha reforzado, la Marca España, nuestra imagen-país, ha crecido globalmente, tanto en presencia como en prestigio, y la mejora de la competitividad global de nuestra economía ha sido exponencial.

Nuestras empresas han aprendido a competir, dentro y fuera de nuestras fronteras, sobre la base de mejorar la calidad, la tecnología y la cualificación de sus profesionales y, con ellas, ha avanzado el país en su conjunto.

Nuestra economía ha recorrido desde 1978 ciclos de crecimiento, crisis y estancamiento con un balance final positivo y con un denominador común: el papel decisivo y muy beneficioso del diálogo social.

La concertación entre empresarios y trabajadores, cuya importancia consagra la Constitución, ha sido un instrumento clave de la sociedad civil para la vertebración y el avance social, para la propia normalización democrática, el desarrollo socioeconómico y la modernización de las relaciones laborales en España.

La Constitución de 1978 estableció un marco de relaciones laborales basado en el reconocimiento de la capacidad de los agentes sociales, sindicatos y organizaciones empresariales, como sujetos con capacidad normativa a través de los convenios colectivos.
De ese reconocimiento se ha derivado una cultura de la concertación social cuya consecuencia más valiosa ha sido el clima de diálogo y de negociación serena que han mantenido en niveles razonables la conflictividad por causas laborales, incluso en los momentos más complejos de cambio político y crisis económica prolongada e intensa.

Ese diálogo, ya interiorizado por todos los agentes sociales, ha permitido asumir compromisos como la adaptación de la legislación laboral a un marco más flexible, impulsar la formación profesional, poner en marcha mecanismos voluntarios de resolución de conflictos colectivos… Toda una panoplia de instrumentos de eficacia probada para construir la paz social, probablemente la mejor infraestructura de la que puede dotarse un país.

El marco constitucional ha permitido crear instancias para mantener un diálogo permanente en diversos ámbitos institucionales, de lo que se han beneficiado trabajadores y empresas: Órganos de gestión de la Seguridad Social, de la formación, del empleo, órganos consultivos del Gobierno como es el caso del Consejo Económico Social, entre otros.

Con todo ello, la cultura de la negociación y el pacto social han jugado un papel fundamental en la lucha contra la crisis económica y el establecimiento de un marco de relaciones laborales eficiente que es imprescindible para la creación y la extensión de la riqueza, para la consolidación del estado del bienestar.

No es casual que uno de los primeros actos políticos del inicio de la mayoría de las legislaturas haya sido la firma de declaraciones del Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT para subrayar la importancia del diálogo social.

En estos años de vigencia de la Constitución se ha producido un cambio de cultura en los interlocutores sociales para pasar de una perspectiva de confrontación hacia otra de colaboración, característica de las sociedades más maduras y prósperas.
La responsabilidad y el compromiso de los agentes sociales con el progreso y el bienestar general son consecuencia de la Constitución y un activo económico y social de primer orden.
El diálogo social ha contribuido a la transformación del país en todos los órdenes, demográfico, social, político y económico, que se ha producido en España en menos tiempo que en otros países europeos y, en muchos aspectos, con mayor profundidad.

El diálogo social ha permitido que nuestro país mejorase su posición relativa en la economía europea y mundial, ha facilitado la inversión extranjera y ha contribuido a la internacionalización y al cambio tecnológico de nuestra economía.

Pero también ha sido el factor decisivo para mejorar la cualificación de los trabajadores y mejorar sus condiciones de trabajo. La Renta Per Cápita ha crecido aproximadamente un 690 por ciento en España en los últimos cuarenta años, es decir doscientos puntos más que la de la Unión Europea y cien más que la media mundial.

Nuestra convergencia en Renta Per Cápita con nuestros socios comunitarios llegó a alcanzar el 95 por ciento, en el periodo pre-crisis, y hoy se sitúa por encima del 87 por ciento.

El consumo per cápita aumentó en términos constantes de los 8.000 a más de 12.000 euros, y el consumo público ha pasado del 12,6 por ciento del PIB al entorno del 20 por ciento. La apertura hacia el exterior de nuestra economía ha ganado más de cuarenta puntos porcentuales de PIB, del aproximadamente un 30 por ciento en 1976 a un 70 por ciento hoy.

Bajo la tutela constitucional, la población española se ha incrementado en más de 10 millones de personas, un 28 por ciento, y la población activa en más de un 72 por ciento, elevando la tasa de actividad en más de 12 puntos porcentuales. Concretamente la tasa de actividad de las mujeres ha pasado de apenas un 36 por ciento a más del 70 por ciento.

El empleo en términos netos ha pasado de menos de trece millones a casi diecinueve. La población asalariada ha pasado de representar algo más de 68 por ciento del total de la población ocupada a más de un 83 por ciento actual. Aproximadamente, un 85 por ciento de los ocupados lo están en el ámbito privado.

Si es cierto el evangélico “por sus frutos los conoceréis”, no cabe duda que la Constitución, de la que celebramos las cuatro primeras décadas, está entre lo mejor que hemos conocido los españoles actuales.

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