En esta sección se analiza la actualidad en materia de Sanidad y Asuntos Sociales en relación con los intereses económicos y empresariales que defiende CEOE, prestando especial atención a la colaboración público-privada para conseguir un sistema de calidad, más eficiente y que optimice la gestión de atención a los ciudadanos. Los aspectos relativos a la financiación de la sanidad, a la cohesión social y a las iniciativas legislativas relativas a estas materias son asimismo objeto de seguimiento y análisis por parte de CEOE.

Alianza público-privada para lograr un sistema de prestaciones de calidad

Una de las mayores preocupaciones de la sociedad española de cara al futuro es la sostenibilidad de los sistemas de prestaciones de los que actualmente disfruta. Nos estamos refiriendo a los sistemas de pensiones, educación, sanidad y dependencia, entre otros.

A nadie escapa que los cambios demográficos, unido a la esperanza de vida de nuestro país, pueden provocar que la viabilidad del actual sistema sanitario y el desarrollo de la atención a la dependencia sea difícil de mantener.

En este sentido, desde CEOE abogamos por la colaboración público-privada para conseguir un sistema de calidad, más eficiente y que optimice la gestión de atención a los ciudadanos.

En lo que respecta al ámbito sanitario, se evidencia un claro problema de financiación, cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas, y que haría necesario un gran pacto de Estado para la sanidad.

El objetivo del mismo sería el impulsar programas de cohesión social y territorial en materia sanitaria, de tal manera que las distintas comunidades autónomas pudieran disponer de unas asignaciones reales en función de distintos parámetros como la población, la insularidad o al dispersión demográfica.

No debemos olvidar tampoco el impacto que suponen los servicios sanitarios españoles sobre el turismo. Las garantías que ofrece nuestro sistema sanitario suponen un claro valor añadido para nuestro país respecto a otras áreas de interés turístico con coberturas y sistemas de sanidad menos eficientes y desarrollados.

Por otra parte, en el ámbito de la atención a la dependencia, es preciso intensificar la colaboración público-privada existente, que ya está dando buenos resultados.

Para su correcto desarrollo deberían fijarse las condiciones normativas adecuadas para que, en el marco de esta colaboración entre los dos ámbitos, se pudieran establecer acuerdos de carácter plurianual, que permitieran a la iniciativa privada planificar y desarrollar sus inversiones con garantías. Este aspecto es especialmente significativo para la consecución de financiación que permite el desarrollo de las inversiones, dado que, por lo general, ésta está ligada a proyectos de mayor alcance y plazo.

En este sentido, sería necesario crear un Fondo especial que fuera gestionado por el Instituto de Crédito oficial, con una dotación suficiente para cubrir esas necesidades de financiación.

Para su efectivo desarrollo, el tejido empresarial español cree necesaria la existencia de una Ley de Servicios regida bajo los principios de alta calidad, la coordinación entre sanidad y política social para la atención integral a los ciudadanos y un sistema de acreditación básico de los servicios de la red de utilidad pública.

Asimismo, y con el objetivo de garantizar la viabilidad del sistema, es preciso establecer un sistema de copago de usuarios y el desarrollo de productos privados de financiación, todo ello ligado al necesario concepto de sostenibilidad en el tiempo.

A su vez, para facilitar el copago de los beneficiarios del Sistema de Atención a la Dependencia, deberían fomentarse los seguros privados de dependencia, tal y como se establece en la propia Ley 39/2006 (D.A. 7ª), eliminando las limitaciones actuales de su régimen jurídico y fiscal.