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20 sep 2017
Pesca

CEPESCA defiende en la OIT el compromiso de la flota con los derechos sociolaborales de los tripulantes

La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) ha defendido el compromiso de la flota española con el respeto de los derechos sociolaborales de los trabajadores del sector pesquero y ha reclamado que se exija el mismo nivel de cumplimiento a la totalidad de los Estados. Así se puso de manifiesto en la Reunión tripartita sobre cuestiones relacionadas con los pescadores migrantes, que se celebra esta semana en Ginebra por iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según informó la patronal pesquera. 

Javier Garat
Javier Garat, secretario general de Cepesca, en Reunión tripartita OIT.

Como integrante de la delegación de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), Javier Garat (secretario general de Cepesca y presidente de Europêche, que también ha representado a CEOE) ha presentado a los asistentes la norma UNE 195006 Atún de Pesca Responsable (APR) como iniciativa de referencia para garantizar condiciones de trabajo decente.

Esta norma acredita que las tripulaciones de los buques atuneros de la flota española, tanto con bandera nacional como con pabellón de terceros países, cumplen con distintas exigencias laborales, incluidas condiciones contractuales para sus 1.600 tripulantes (900 de terceros países) en línea con los requisitos del Convenio 188 de la OIT, retribuciones salariales mínimas, horas de descanso, atención médica, prevención de riesgos laborales, seguridad social y reconocimiento del derecho a la negociación colectiva.

En la actualidad, 45 buques de la flota atunera española ya cuentan con el certificado que garantiza el cumplimiento de la norma APR: 39 de la flota agrupada en la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC) y 6 de la armadora Pevasa, integrada en la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (ANABAC), ambas miembros de Cepesca.

Javier Garat explicó que, “con la Norma APR, las empresas armadoras garantizan a distribuidores y consumidores que el atún que comercialicen o consuman está respaldado por los mejores estándares posibles, incluso por encima de los requisitos legales actuales, incluidos los derechos laborales y sociales”. “Trabajamos –añadió- para que la Norma APR sea una referencia a escala europea, incluso mundial, y consideramos que debe ser exigida a toda la producción pesquera que se comercializa dentro de la UE”.

Durante su intervención, Garat también destacó el respeto a los derechos sociolaborales de los trabajadores que representa la ‘Guía de Buenas Prácticas Sociales’ elaborada por la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) y suscrita por 96 buques congeladores de arrastre y palangre de superficie.

Esta guía, cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento de unas condiciones laborales dignas a bordo de los buques pesqueros y contribuir, al mismo tiempo, a extender a otras flotas unos estándares básicos de seguridad y cumplimiento de los derechos sociolaborales, recoge la totalidad de los requisitos contemplados en el Convenio 188 en materia de retribuciones salariales y edad mínimas para trabajar, horas de descanso, reconocimiento médico previo al embarque y asistencia sanitaria a bordo, prevención de riesgos laborales, repatriación, régimen de seguridad social y dotación de los buques.

Resolución de la OIE

La Organización Internacional de Empleadores (OIE) ha presentado una propuesta de Resolución que subraya la necesidad de aumentar el número de países adheridos al Convenio 188 y de armonizar las políticas pesqueras con las de seguridad en el mar.

El documento también recoge la solicitud a los gobiernos de países donde los pescadores locales no cubren la demanda de trabajadores de facilitar la contratación de extranjeros y simplificar el procedimiento de concesión de permisos de trabajo y residencia.

Con el fin de establecer un sistema eficaz de inspección de las condiciones de vida y trabajo a bordo de los buques pesqueros de larga distancia, tal y como se prevé en el artículo 42.2 del Convenio 188, la OIE ha solicitado que los gobiernos deleguen las competencias de inspección y de expedición de documentos en las sociedades de clasificación.