Crecimiento consolidado y solidario

Artículo de Juan Rosell publicado en Expansión el 26 de mayo de 2017.

Vivimos momentos muy relevantes, no sólo por la situación en nuestro país sino por los acontecimientos que están sucediendo en el entorno exterior. En el ámbito interno, tenemos un nuevo marco de relaciones políticas que requiere de diálogo, consenso y negociación por parte de todos y de la que los empresarios queremos formar parte, como siempre, de un modo activo.

En el ámbito exterior, está claro que el mundo es cada día más complejo y está más interconectado. Además, los riesgos globales se han ampliado y tienen un impacto de gran alcance. Hay que tener en cuenta que la recuperación de la economía mundial todavía es frágil y más lenta de lo esperado. En consecuencia, está dejando secuelas en el crecimiento potencial, que se ha reducido notablemente en las economías más desarrolladas, y puede tener efectos perjudiciales para el tejido social y político de muchos países, algunos ya evidentes.

Con este escenario, el objetivo de la política económica debe ser doble. Por un lado, se deben abordar los retos globales desde una perspectiva coordinada a nivel internacional. Y a su vez, cada país debe generar capacidad de recuperación, elemento imprescindible para encontrar nuevas vías de crecimiento, más oportunidades y mayor bienestar social.

La economía española siempre ha mostrado una gran capacidad de recuperación, como ponen de manifiesto los resultados de esta nueva etapa de ciclo económico. De hecho, la tasa de crecimiento del PIB ha superado el 3% en 2015 y en 2016, algo impensable a finales de 2013, cuando se inició la recuperación. Y para 2017, tras los buenos resultados del primer trimestre en materia de actividad y empleo, es previsible que se alcance una tasa del PIB próxima al 3%, mientras que el número de ocupados puede aumentar en 500.000 personas. Además, se han logrado resultados destacables en términos de desequilibrios macroeconómicos, como son nuestro superávit exterior, la contención de la inflación (pese al repunte actual) y el avance en la senda de la consolidación fiscal, si bien en este último caso todavía queda camino por recorrer, al igual que en el ámbito del desempleo, especialmente el de nuestros más jóvenes.

No hay que olvidar que existen todavía riesgos a la baja procedentes en su mayoría del ámbito mundial, como la negodación del Brexit, aunque es cierto que algunos focos de incertidumbre no se están materializando, como el resultado de las elecciones en Francia y Holanda. Tampoco podemos obviar el posible impacto de la política económica que está llevando a cabo EEUU con las implicaciones que puede tener en el comercio mundial, incluidos los tipos de cambio.

En el ámbito nacional, uno de los principales riesgos es que la política presupuestaria se aleje de los objetivos de estabilidad y de consolidación fiscal. Según el último Programa de Estabilidad presentado en Bruselas, el Gobierno mantiene su compromiso con la reducción del desequilibrio presupuestario, aunque el modo de llevarlo a cabo no es el más favorable para el sector empresarial.

Según el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 se siguen castigando las partidas destinadas a las actividades económicas, como la inversión en infraestructuras o aquéllas que apoyan a determinados sectores. A su vez, se confía en un aumento de la recaudación impositiva muy por encima del crecimiento del PIB nominal, es decir, habrá subida de la presión fiscal. Hay que tener en cuenta que se estima que se va a recuperar el nivel de recaudación anterior a la crisis sin haber logrado ni el número de trabajadores ni de empresas que había en 2007. Además, habida cuenta de la experiencia de los últimos años, existe una incertidumbre asociada a que, si no se cumple la previsión de ingresos, habrá una nueva reforma impositiva.

Estos presupuestos no abordan ninguna reforma de las Administraciones Públicas ni medidas de calado para mejorar su gestión. En el optimismo de que la economía española seguirá su proceso de expansión este año y próximos, se aparcan los cambios que necesita el sector público en todos los ámbitos: fiscal, mejora de la eficacia del gasto, reducción de duplicidades y una mayor racionalización de los entes públicos.

Es fundamental que la recuperación de la economía española se consolide con la adopción de políticas económicas y sociales centradas en la eficiencia de los recursos, reformas estructurales y un mejor control y asignación del gasto público. Es decir, medidas que persigan incrementar la competitividad y la productividad de la economía española.

Como decía, tenemos un nuevo marco de relaciones políticas muy sano, siempre que los administremos con responsabilidad, pensando en las futuras generaciones y soslayando intereses políticos cortoplacistas o circunstanciales. Pues ello, no hará sino obstaculizar nuestro avance hacia un modelo económico que sea válido a largo plazo y nos sitúe a la cabeza de las principales economías, gracias a un crecimiento consolidado y solidario.

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